"El 78,45% de las muertes por
coronavirus en Aragón se han producido en residencias de mayores. Los centros
dedicados a geriatría y discapacidad aragoneses han contabilizado 426
fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia del total de 543
muertes en la comunidad a fecha de ayer según datos de Salud Pública. Las
residencias afectadas son 136, un 35% de estos centros. 103 corresponden a la
provincia de Zaragoza, 18 a Huesca y 15 Teruel." Leer toda la noticia en "La Comarca"...
Una de las mayores frustraciones,
estos últimos años, de los pensionistas que estamos organizados sindicalmente ha
sido el escaso eco que ha tenido, tanto en las administraciones públicas como
en la sociedad en general, las denuncias que hemos realizado del incumplimiento
sistemático de las ratios de personal asistencial en las residencias de
mayores. Solo el Justicia de Aragón nos ha acompañado algunas veces, pero con
escasa eficacia en la práctica ya que la institución del justiciazgo es una
institución más simbólica que real pues no tiene competencias ejecutivas y
sus resoluciones se quedan en meras declaraciones de intenciones.
Quizá sea injusto decir que el 100%
por cien de las residencias no cumplen con la legalidad establecida para este
tipo de establecimientos, pero en la mayoría era muy común que las limpiadoras
ejercieran de auxiliares, las auxiliares de enfermeras y estas de médicos
haciendo uso de recetas firmadas por facultativos que apenas iban por el centro. Se
podrá pensar que se trata de chiringuitos creados por empresas y emprendedores de
escaso capital; alguna vez ha sido así; pero en estas micropimes, ha veces, nos
encontramos con una relativa y aceptable cumplimiento de la legalidad, pero a raíz
de las privatizaciones de las residencias públicas que eran un ejemplo de
instituciones de mayores y de la derivación del dinero público de la
Dependencia a través de plazas concertadas han proliferado residencias de gran
capital; un ejemplo mayoritario ha sido el de la comunidad de Madrid, en donde
la cuenta del resultados es el principal objetivo a seguir y en donde la
precariedad laboral es muy alta; solo hace falta comparar la situaciones de la
plantilla en la mayoría de las residencias privadas o concertadas con la que
tenían los trabajadores y trabajadoras en los centros de residencias públicas. El retroceso ha
sido impresionante.
Por supuesto que este tipo de
establecimientos, tal y como se están desarrollando los acontecimientos y las
conclusiones que se están sacando, iban a ser quienes más iban ha sufrir de
fallecidos por coronavirus, ya que este contaminante se ceba en las personas
mayores y minusválidos, sobre todo en concentraciones de ellos, pero, el que la
mayoría de los fallecidos procedan de esos centros es escandaloso y confirma
que las denuncias (caídas en saco roto), que veníamos denunciando eran
correctas. Tampoco es casualidad que aquellas que no han tenido incidencia o
escasa incidencia de fallecimientos han sido aquellas residencias que cumplen
mejor con las normas exigidas.
Es posible que después de que pase
esto en la residencia de mayores se obligue a cumplir con las exigencias
legales establecidas y las que se establezcan, con un control real de la
inspección que hasta ahora brillaba por su ausencia por falta de inspectores o
en convivencia con los centros.
Por la cuenta que nos trae; si no
morimos de esta o de otras parecidas, terminaremos todos en residencias y no
queremos pasas nuestros últimos días en cámaras de terror. Además, si se van a
financiar con nuestras pensiones y complementar con dinero público, si no le
resultan rentables a la iniciativa privada, lo natural será que sean de titularidad pública.
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