La corrupción no siempre adopta la forma grosera del maletín o la taleguilla de Roldán, la “bodeguilla”, el soborno o el clientelismo político (que también).
Las hay, y las hubo, a la luz del
día y a gran escala que, sin embargo, a quien la denunciaba en su día se le
reían en la cara. Cristóbal Montoro y el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y
2018, estuvieron aplicando políticas de austeridad devastadoras para las clases
medias y trabajadoras. Subieron impuestos (el IVA pasó del 18 al 21%), crearon el impuesto al sol que encareció la factura eléctrica y frenó el desarrollo de
energías limpias; congelaron las pensiones, bajaron los sueldos a
los funcionarios, redujeron puestos de trabajo en las administraciones y sus
sectores públicos, afectando a la sanidad pública, la educación, la dependencia
y otros muchos servicios esenciales, redujeron a la insignificancia la
inversión pública y España superó los cinco millones de desempleados, muchos no
pudieron pagar las hipotecas y
perdieron sus casas.
Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno
aprobaba el real decreto Ley 12/2012,
por el que estableció una "regularización fiscal" que permitió
a personas físicas y jurídicas aflorar capitales ocultos con un gravamen del
10%, que en la práctica fue mucho menor, el 3%. De este modo se blanquearon
fortunas sucias creadas sobre el fraude o el delito de la droga, el juego y la
prostitución o “trata de blancas” a las que se les perdonaba la mayor
parte de la deuda tributaria exigible.
La Lista Falciani rebelaba con
todo lujo de detalles los datos de los defraudadores, pero en vez de iniciar los procedimientos
recaudatorios que establecen las normas tributarias como hizo Alemania, Francia
y otros países de la UE el ministerio se aplicó a redactar la amnistía fiscal
que años después, en 2017, sería declarada ilegal por el Tribunal
Constitucional.
Esa sentencia no tuvo ninguna
consecuencia sobre los defraudadores
beneficiarios de aquella tropelía jurídica y fiscal. De los 40.000 millones de
euros aflorados se recaudaron 1.200 millones. Se hubiesen podido recaudar
14.000 entre IRPF e Impuesto de Sociedades.
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