Charrada. Como alcalde vuestro que soy, algo os tengo que decir; porque algo os tengo que decir. como alcalde vuestro que soy...

Consejeros autonómicos, alcaldes y concejales de medio pelo, alcaldes y concejales de ciudades, directivos de hospitales y hasta altos mandos militares han empañado los inicios de la campaña de vacunación contra la covid-19 al recibir la dosis antes que aquellos que combaten el virus en primera línea.

Las justificaciones que se dan son de lo más peregrinas y hacen reír si no fuera un tema tan serio. El obispo de Mallorca se apoya en el Papa de Roma, porque dice que ha dicho que se vacune todo el mundo y él es un humilde servidor de la Iglesia, y los jefes militares por si van “al frente”. No faltan políticos que dicen que ellos no querían ponerse la vacuna, pero les obligó el sentido del honor y la responsabilidad.

El tráfico de influencias, la prevaricación o incluso la malversación de fondos son algunos de los tipos penales que afectan habitualmente a la corrupción política. Pero no sirven para los supuestos conocidos en los últimos días. La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, apela al “principio de mínima intervención que rige en el Derecho Penal”.

Advierte que como mucho lo que ha habido en este caso ha sido un incumplimiento de protocolos, que son normas que no tienen rango de ley. En concreto, el Ministerio de Sanidad estableció un plan de 12 folios en el que tan solo se establecen los grupos prioritarios para recibir la vacuna: ancianos y personal de las residencias, sanitarios en primera línea, otro personal sanitario y grandes dependientes.

Por su parte, lo que revelan las polémicas vacunaciones de directivos o cargos políticos es que cada institución está elaborando sus propias pautas a partir de las dosis que recibe cada administración. Un exfiscal general del Estado coincide en que “más allá del reproche, estas vacunaciones no tendrían reproche penal”. Recuerda, por ejemplo, que para que se produzca una prevaricación, es necesaria una resolución administrativa y para demostrar una malversación hay que demostrar un uso ilícito.   

Desde el mundo de la Abogacía se suman a este escepticismo. Vamos que no hay delito; esto es como quienes se saltan la cola del pan, o de las paradas del taxi. Cuando he ido a hacerme las pruebas del PCR, había quien se quería pasar la fila, pero el bedel no se lo permitía y le gritaba de malos modos ¿No hay bedeles para las filas de las vacunas? No hace falta que lleven porra; un bedel que va de blanco y parece un médico impone mucho. Hay gente que aprovecha par preguntarle al bedel una batería de preguntas: “Oiga señora/o, se lo diga a su médico” – le contesta el bedel ante la perplejidad del paciente-.

El alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad de Madrid dicen que la familia real, la aristocracia, los altos cargos políticos de de las fuerzas armadas les pongan las vacunas como al personal de tropa que ya no se sabe quién es la tropa.

Esto deja sin efecto la mayoría de las multas, recurribles ante la administración. Al mismo tiempo, ata de manos a las fuerzas de seguridad cuando la gente se salte las normas del confinamiento.

Yo estoy me estoy preparando para saltarme las colas y cualquier día me bajo al pueblo pues a mí lo que diga el Papa, el jefe de las fuerzas armadas y los ministros y gobernadores es lo fundamental, pues soy una persona de orden.