Los
ayuntamientos, las comarcas y las diputaciones provinciales, como entidades
básicas de organización territorial del Estado, tienen la obligación de
permitir y favorecer el desarrollo endógeno de las asociaciones, y contribuir
con ayuda exógena a través de recursos económicos y materiales. Es una
evidencia bien contrastada que muchos pueblos rurales –son mayoría en Aragón-
junto a la agonía que supone la pérdida de población, suelen tener alguna
asociación que insufla de vida al pueblo. Esto ya es motivo suficiente para
darnos cuenta de la importancia que tiene cualquier humilde asociación que
desarrolla su actividad en un pequeño municipio. Cuando pensamos en los
procesos de participación ciudadana, damos una absoluta importancia al
desarrollo de los partidos políticos como herramienta ideológica y de
aspiración a la gobernabilidad, y no solemos tener en consideración esa otra
forma de organización sociocultural que con el trabajo ilusionante y abnegado
de sus asociados realiza acciones diversas que contribuyen al desarrollo rural.
Además, es en el asociacionismo donde se suelen practicar con mayor coherencia
los derechos culturales, sociales y universales, y donde se promueven valores
personales y colectivos que conducen al progreso y la humanización.
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