Artículo. hablemos de la residencia

Todos los partidos llevaban en su programa electoral municipal de hace cuatro años el tema de la residencia; el PSOE también. 

Además, este partido ganó de nuevo la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, no sé si por tercera vez consecutiva y ha gobernado en el municipio prácticamente sin oposición, bien por la debilidad del PP local o bien porque este partido ha sido dentro del consistorio un “convidado de piedra”, quizá por las dos cosas; ninguneado y despreciado por la mayoría. Algo que puede resultarles caro al PSOE en este nuevo mandato que se avecina si no consigue otra vez la mayoría absoluta. El sectarismo tiene estas cosas y sus consecuencias son aterradoras a largo plazo, pero hasta que no se sepan los resultados no se puede hablar con propiedad. Y nadie somos adivino.

El tema de tener una residencia en el pueblo es popular, aunque no es el modelo que a mi más me apasione; la experiencia que tengo sobre este tema por mi vinculación al sindicato de pensionistas de CCOO, organismos como El Consejo Aragonés de las Personas Mayores, Ley de la Dependencia o el contacto con la Institución del Defensor del Pueblo son calamitosas. Las administraciones Públicas y los partidos que nos han gobernado han privatizado ya casi todas las residencias. Antes se podía ir a una con el 80% de la pensión, fuera la que fuera la cuantía de esta pensión y aunque no fuera dependiente, y te dejaban aproximadamente el 20% para los gastos; eso se ha acabado. En Aragón apenas queda alguna pública que solo van ya los padres de los políticos de los principales partidos que nos gobiernan o de los empresarios con los que tienen buenas relaciones.

Se han abierto muchas privadas pequeñas, por parte de personas que han visto en esta actividad una forma de emprendimiento pero que apenas pueden dar el servicio que exige la ley como que tengan todo el personal adecuado, pagado mediante convenio, que se cumpla con comida y atención como demanda una residencia que no es, o no debería ser, un asilo de beneficencia; que se cumplan los “ratios” (que no se cumplen en la mayoría). Por otra parte, hay una total falta de inspección porque en la administración también se reduce la plantilla mientras que cada vez hay más residencias que inspeccionar y no hay inspectores, o hay convivencia y avisan cuando van a visitarlas para que ese día esté todo en condiciones. No digo que no haya residencias de este tipo que cumplan o que intenten cumplir, que las hay, nadie dice que sea fácil acometer con las condiciones que imponen las diferentes administraciones, pero muchas de las pequeñas son deplorables como he escrito antes; ninguno de nosotros y nosotras que sabemos que vamos a tener que ir a una residencia porque es el signo de los tiempos, nos gustaría acabar allí, es así de cruel, no estamos preparados para eso.

¿Y las grandes que se están abriendo en los últimos tiempos por parte de grandes corporaciones financieras? En teoría esas sí que deberían cumplir con la legalidad, pero su interés no es social sino meramente especulativo; son enormemente caras, inaccesibles a la clase baja y media-baja que somos la mayoría, y suelen saltarse también las ratios de personal, el convenio, practican el trabajo precario, etc.

Se están barajando otros modelos de residencia cooperativa que está dando buenos resultados en algunos sitios gestionados por los propios usuarios o próximos usuarios, asociaciones, ONG, sindicatos, etc., pero va lento y para mí que son también poco accesibles a rentas medias y bajas.

Desde los sindicatos reclamamos que se hagan suficientes residencias públicas para las nuevas necesidades que se avecinan y adecuadas a las condiciones de vida actual, sin que sean ni asilos ni hospitales de beneficencia ni locales aparca abuelos, pues los hijos e hijas ya no se van a hacer cargo en el futuro de los mayores, no porque sean perversos los hijos actuales o del futuro, sino porque trabajan todos y el modelo de familia se está modificando totalmente (esto lo sabemos todo el mundo y no hace falta insistir en ello). Las residencias se podrían financiar con las pensiones del residente y con las ayudas que ofrece la Ley de la Dependencia para quienes no les llegue, que para eso se hizo esta ley; pero no hay lugar a la especulación ni a la usura ni a los beneficios. De momento la realidad va en sentido contrario, las administraciones públicas, la mayoría de los partidos y de los políticos no están por la labor. La gente parece que no quiere enterarse del negro porvenir que les espera a los mayores, sobre todo cuando no puedan valerse por si mismo. El actual modelo de residencias solo es viable para economías altas y media altas.

No sé qué tipo de empresa es la que se quiere instalar en Samper, pero no es solo cuestión de voluntarismo. Espero que, si se hace una residencia en Samper, el Ayuntamiento que salga sea el mayor interesado en que se cumplan las condiciones legales de salud, laborales y ambientales tanto para los y las trabajadoras como para los residentes en ellas.