El informe del Tribunal de Cuentas no deja lugar a
dudas. Y refleja con una contundencia inusual el descontrol en las ayudas a la
minería del carbón entre 2006 y 2017. En total, 1.786 millones de euros que se
han movido de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” o, incluso, de
forma opaca.
Según el informe, en algunos casos no coincidía el
objeto o el proyecto de algunos convenios con lo realmente ejecutado según la
documentación
El caso más llamativo es el de la residencia de
mayores La Minería, cuya financiación integral corrió a cargo del instituto
minero. La explotación de esta residencia se subcontrató al 100% sin que esa
operación estuviera autorizada. Y lo que es más singular, la selección de la
empresa que ejecutó las obras de construcción, que se ha relacionado con el
exdirigente minero de UGT José Ángel Fernández Villa, “tuvo lugar nueve meses
antes de que se firmara el convenio de concesión de la subvención”, dándose la
circunstancia de que ese procedimiento de selección no cumplía “ninguno de los
requisitos” fijados en la ley. Es más, el convenio fue suscrito con una entidad
que tenía vedada la actividad objeto de la subvención en su condición de
montepío.
El Tribunal de Cuentas denuncia, en concreto, que el
beneficiario no ostentaba la titularidad de los terrenos donde se asentaba la
residencia, carecía de licencia de obra y los terrenos donde se edificó la
residencia tenían la calificación urbanística de “rural de uso agropecuario”,
lo que impedía iniciar actuaciones de construcción. El informe estima que los
costes de construcción de la instalación por residente y por metro cuadrado
construido fueron, en comparación con otras infraestructuras similares
promovidas por entes públicos, un 31% y un 61% superiores en esta obra,
respectivamente. Fernández Villa, como se sabe, fue condenado años más tarde a
tres años de cárcel por apropiación indebida.
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