ArtiCulo. La rapiña al Estado.

Pinchar

España tuvo muchas y potentes empresas públicas que eran utilizadas para lograr determinados objetivos de política económica (facilitar el crédito, proveer distintos bienes y servicios, redistribuir la renta, etc.) al mismo tiempo que contribuían a incrementar los ingresos del sector público, pues buena parte de ellas registraban importantes beneficios.

Durante todo el tiempo que va desde el siglo XIX hasta los primeros años de democracia tras la dictadura, la tendencia política por parte de los distintos gobiernos fue la de mantener y fortalecer el cuerpo empresarial público.

Ya el partido Socialista había empezado a privatizar y desmantelas las empresas publicas, algunas muy rentables y estratégicas, pero en 1996 llegó el Partido Popular al gobierno y el ejecutivo de Aznar diseñó un programa de privatizaciones, estas se dispararon. Se vendieron total o parcialmente 76 empresas públicas que conllevaron la recaudación de 53.908 millones de euros (constantes de 2015). Las empresas afectadas fueron Gas Natural, Aldeasa, Aceralia (actualmente parte de Arcelor-Mittal), Tabacalera (parte de Imperial Tobacco), Indra, Red Eléctrica, Iberia y AENA.

El Estado pasó de tener 130 empresas públicas estatales participadas mayoritariamente y de forma directa en 1985 a solo 16 en la actualidad. Y de 800 empresas en 1985 con participación indirecta o minoritaria a tener solo 100. La participación del Estado en el mercado bursátil pasó de ser el 16,64% en 1992 a representar solamente el 0,34% en 1999.

Estamos hablando de una dilapidación astronómica de patrimonio público que, aunque a corto plazo generó mucha recaudación, a medio y largo plazo dejó al Estado sin posibilidad de obtener nuevos ingresos (pues las empresas que se vendieron fueron, lógicamente, las más rentables) y también sin herramientas para poder llevar a cabo su política económica.

Esto último es importante porque las empresas públicas vendidas operaban en sectores profundamente estratégicos en términos económicos, políticos, productivos, financieros, medioambientales y de movilidad: el 42% de las empresas vendidas pertenecían al sector energético, el 17% a transportes, el 16% a telecomunicaciones, el 13% a industria y el 8% al sector financiero. Evidentemente, cualquier intento del Estado por influir en dichos sectores estratégicos se encuentra hoy día mucho más limitado que entonces.

Pero, aunque la Unión Europea haya estimulado y facilitado las privatizaciones, es importante entender que los gobiernos españoles fueron mucho más allá que el resto de países. De hecho, y tal como se puede ver en el gráfico, España es el país de toda la Unión Europea que menos empresas públicas tiene (medido en valor de mercado), y con diferencia, España, desgraciadamente, fue quien aplicó mejor las políticas neoliberales que los países más desarrollados que la pregonaban no la aplicaron en los suyos, y hoy sufrimos sus consecuencias: menos obtención de ingresos públicos, menos control sobre sectores estratégicos, peor competitividad frente a los demás países de la UE y peor preparados para enfrentarnos a las economías de los países emergentes.

Fuente de datos EUROSTAT