Charrada. La subida de las pensiones para 2023

El debate de las pensiones públicas

El martes 29 de noviembre nos encontramos con dos noticias sobre pensiones, una buena, otra mala. La buena confirma que el año 2023 las pensiones suben un 8,5%. La mala es el plan del ministro Escrivá para ampliar el periodo de cálculo de 25 a 30 años. No todo el mundo coincide con esta apreciación: a la banca le favorecen medidas que supongan recortar las pensiones públicas, en sintonía con la patronal y los partidos de la derecha. En el espacio de izquierdas, sindicatos y partidos progresistas adoptan posturas distintas según las circunstancias. La actitud más desconcertante es la de grupos de pensionistas buscando motivos para cuestionar tanto medidas negativas como positivas.

La realidad es testaruda. Un dato indiscutible: si continuase en vigor el 0,25 % de Rajoy habría que multiplicarlo por 34 para alcanzar el 8,5% de mejora que tendrán las pensiones contributivas. Los economistas neoliberales se escandalizan, la banca lo considere excesivo, el Gobernador del Banco de España se espanta, las derechas reclamen anularlo, pese a que la actualización anual en base al IPC fue asumida en el Pacto de Toledo en octubre de 2020 con el único voto en contra de Vox. Lo insólito es que haya plataformas de pensionistas rechazando la mejora por considerarla insuficiente. Los ingresos de la mayoría de las pensiones van directos al consumo, favoreciendo la reactivación económica a través de la cesta de la compra, aliviando incluso las penurias de sus familiares. Una subida tan elevada como la del 2023 debería ser motivo de satisfacción general, pero no, casi nadie está contento.

Maltusianismo y pensiones

Vaticinar el colapso de las pensiones públicas al jubilarse los nacidos en los años 60 y 70 del siglo XX se llama maltusianismo. Thomas Malthus, clérigo y economista británico, pronóstico que la población crecería al mismo ritmo que los recursos alimentarios. Profecía fallida. La industria alimentaria posibilitó un gran desarrollo de la humanidad. En 1800 el planeta tenía 900 millones de habitantes, ahora acabamos de alcanzar los 8.000 millones. Las hambrunas están motivadas, como ocurre con la riqueza, por el desigual reparto de alimentos, no por escasez de comestibles.

Con los salarios y las pensiones ocurre algo parecido, interviniendo los recursos económicos. La riqueza siempre ha crecido más rápido que la población. El incremento de la productividad del trabajo, las innovaciones técnicas, la globalización de la economía, la robótica, posibilitan que los beneficios empresariales sean muy superiores al alza de los salarios y de las pensiones. La variable que podría alterar esa constante sería un proceso de decrecimiento, motivado por la necesidad de contener la emergencia climática. Aun así, lo lógico sería empezar a aplicar medidas de austeridad por arriba, limitando vía impuestos los enormes beneficios de empresas tecnológicas, energéticas y la desorbitada riqueza de las grandes fortunas. El excedente permitiría mejorar salarios y pensiones.

El maltusianismo predicado por fuerzas opositoras a las pensiones públicas falla al declarar que la Seguridad Social entrará en quiebra. Ese lobo no amenaza a los pensionistas, protegidos por 20 millones de trabajadores y trabajadoras, además de contar con la garantía del Estado. Al contrario, en la crisis del 2008 hubo que rescatar a la banca con 77.000 millones de fondos públicos. No se espera recuperar más de 15.000 millones, pese a sus escandalosos beneficios. Un país democrático no puede dejar desamparado al 20% de su población, precisamente la más vulnerable.

La cruzada contra las pensiones públicas abarca todos los ámbitos imaginables, incluyendo el apartado presupuestario.

La mayor parte de los ingresos de la Seguridad Social son cotizaciones obreras, mientras que las otras partidas proceden de impuestos directos e indirectos (IRTF,IVA, etc.). Impuestos que también pagan los pensionistas.

Cuanto mejor, mejor

En actos testimoniales de pensionistas, vestigio de las multitudinarias movilizaciones logradas en los años 2018 y 2019, resultan excepcionales las voces que reconocen las mejoras logradas desde que gobierna una coalición de izquierdas. Lo correcto sería celebrar la histórica revalorización del próximo año. Pero no, prosiguen los lamentos. Otro motivo de satisfacción es que, mientras otros gobiernos se dedicaron a dilapidar los 67.000 millones del fondo de reserva de las pensiones, la “hucha” vuelve a recuperarse con un ingreso inicial de 2.957 millones.

El victimismo, las quejas constantes, el “cuanto peor, mejor”, sirven para dar pena, pero no animan a avanzar. Ejemplo de esa práctica es el rechazo a la subida de las pensiones con el IPC medio. Desde el punto de vista estadístico es el más neutral. El año pasado resultó desfavorable, el próximo será tan ventajoso que provoca la alarma de intereses opuestos al progreso de las pensiones públicas.

La aplicación del IPC medio, tan real como cualquier otro, introduce una variante aleatoria: perjudica cuando el ascenso del IPC es constante, favorece si el índice de precios al consumo baja antes de acabar el año. Es lo que ocurre ahora. Ante esta disyuntiva, si el objetivo es rechazar el incremento en vigor, el anterior “IPC real” no sirve como referencia, al ser inferior a la subida efectiva del 8,5%.

El IPC interanual desciende en noviembre al 6,8%. El anual está en el 5,3% y quedará en diciembre muy por debajo del 8,5% del IPC medio.

El ministro José Luis Escrivá tiene ocurrencias asumidas por gobierno, patronal y sindicatos. Su última genialidad: ampliar el periodo de cómputo de las cotizaciones a 30 años, pudiendo suprimir los dos más desfavorables. CCOO y UGT se posicionan en contra, tras acatar en 2011 la ampliación de 15 a 25 años, todavía más regresiva. Otros sindicatos proclaman su rechazo sin tener opción a negociar. Algunos grupos de pensionistas condenan esa propuesta que afecta al personal laboral en activo, mientras la gente asalariada realmente afectada guarda silencio. Hasta la fecha las medidas promovidas por Escrivá no perjudican de forma directa al colectivo de pensionistas, aunque sí se le puede reprochar que las pensiones mínimas sean insuficientes o que no quiera resolver la injusta penalización de las jubilaciones anticipadas involuntarias.

Las medidas negativas impulsadas por Escrivá van dirigidas a futuros pensionistas, trabajadores y trabajadoras todavía en activo. Y entran en vigor a largo plazo, sin producir un impacto inmediato.

El dilema de las pensiones actuales

Cuando se especula con la quiebra de la Seguridad Social se citan las retribuciones de las pensiones altas, prescindiendo de las bajas. Siendo tan precarias, quedan exentas de pagar IRPF y no tienen capacidad de ahorro para ser complementadas con planes de pensiones privados. Aplicando la mejora del 2023 de forma porcentual, las pensiones máximas serán tres veces superiores al SMI vigente, multiplicarán por cuatro los ingresos de las pensiones mínimas contributivas y por siete las no contributivas. Son datos preocupantes con un origen común. La causas no están en las pensiones máximas, generadas con elevadas cotizaciones durante largas trayectorias profesionales.

Las pensiones bajas vienen de las escasas cotizaciones salariales. El origen es el trabajo precario, con míseras retribuciones y o periodos involuntarios de inactividad laboral.

España hay 300.000 personas en paro de larga duración con más de 55 años de edad. El dilema es siempre el empleo y el desigual reparto de la riqueza. Lo mostraba un titular de la prensa el 1 de diciembre: “El Banco de España constata que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios”. En épocas de pleno empleo, con salarios dignos, la Seguridad Social alcanzó un enorme superávit financiero, invertido en actividades ajenas a las pensiones públicas.  Tal es el origen de la “deuda histórica”, estimada en 500.000 millones de euros y recaudada durante generaciones.

En 1997, previendo periodos de vacas flacas, se creó el Fondo de Reserva, conocido como “hucha de las pensiones”. En 2011 llegó a tener 67.000 millones de euros, quedando 10 años después 2.138 millones. Los presupuestos del 2023 incluyen una aportación de 2.957 millones en concepto de “mecanismo de equidad intergeneracional”. Es el paso inicial para lograr su recuperación.

La problemática de las pensiones se ciñe a esta realidad: el 55% de los pensionistas cobran al mes menos de 1.000 euros, equivalentes al actual SMI. Un millón de pensionistas sobrevive con menos de 600 euros mensuales. La pensión media de las mujeres es un 33% inferior a la de los hombres. La solución a las pensiones de miseria situadas por debajo del umbral de la pobreza y a la brecha de género de las pensiones pasa por la equiparación de la pensión mínima con el Salario Mínimo Interprofesional.

La mejora de las pensiones se puede resolver con recursos propios de la Seguridad Social. El 22 de marzo de 2022 Europa Press anunciaba: “El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en el Congreso en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado”. Esa colosal cantidad económica, que se queda corta, posibilitaría igualar la pensión mínima con el salario mínimo.