En España,
tres de los cuatro mayores operadores privados del sector de las residencias de
ancianos son propiedad, total o parcialmente, de grupos o fondos de inversión
franceses. Ante el drama de estos centros, su gestión está siendo cuestionada.
En
España, las víctimas mortales del Covid-19 son, principalmente, personas de
edad avanzada en residencias de ancianos. A fecha de 29 de abril, más de 16.200
mayores habían sucumbido al virus, casi el 70% de las muertes de la epidemia en
la península. A este ratio, que aumenta día a día, se ha añadido desde finales
de marzo una avalancha de horribles testimonios.
Residentes
abandonados por el personal, cuidadores dejados sin instrucciones ni equipo de
protección, ancianos descubiertos en sus camas varios días después de su
muerte, otros que huyen para evitar la epidemia... “Es una atrocidad. Fue una
carnicería”, declara a Mediapart Raúl Camargo, ex diputado regional de Podemos
que el año pasado presentó un proyecto de ley regional para mejorar la atención
en las residencias de mayores. El texto fue rechazado por la Asamblea de
Madrid.
En
España, el 75% de las residencias de ancianos son de propiedad privada. Para
suplir la falta de plazas públicas, el Estado, a través de las diecisiete
regiones con competencia en esta materia, delega la gestión de las plazas o de
centros completos a operadores privados. Tres de los cuatro mayores actores que
han invertido en este sector pertenecen, total o parcialmente, a grupos o
fondos de inversión franceses. Por orden de importancia: DomusVi, Orpea
(propiedad de un fondo de inversión canadiense y de FFP, la compañía de
inversiones de la familia Peugeot) y Amavir (propiedad de la familia Mulliez,
que también es propietaria, entre otros, de Auchan y Leroy Merlin).
Fuente: Sinpermiso, ifoLibre. Leer el artículo completo...
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