ArtiCulo. El futuro de las pensiones.

Debatir sobre el futuro de las pensiones requiere tener algo de perspectiva histórica y reconocer que, a pesar de sus insuficiencias y defectos, la evolución de la Seguridad Social en las últimas décadas es una historia de progreso y a mejor.

En este período ha tenido de todo. Ha aumentado la cobertura, con más personas protegidas y mayor protección. Aunque también se han producido ajustes que en algunos casos dificultan el acceso a las prestaciones o reducen su cobertura. Se han producido diferencias en la prestación, en algunos casos justas porque corresponden a diferencias de aportación de cuotas, pero en otras corresponden a la mala suerte de haberse quedado sin trabajo en los últimos años o haber menguado la nómina debido a la crisis económica que ha afectado en desigual manera a los trabajadores.

Para comprender la intensidad del cambio basta recordar que el gasto en pensiones ha pasado del 4,5% del PIB en 1978 al 11,7% actual. Y las previsiones (que siempre hay que relativizar), lo sitúan entre el 14% y el 15% del PIB en el 2050. Un esfuerzo perfectamente asumible y comparable con el resto de los países de la Unión Europea.

También se ha evolucionado a un sistema en el que se reconocen pensiones no contributivas a personas en situación de necesidad.

El sistema mutualista de 1978, con grandes diferencias en el nivel de protección y de gestión, se ha transformado en un sistema público armonizado en su regulación, protección y gestión. Hasta finales del siglo XX las diferencias eran grandes entre los diferentes regímenes de seguridad social y se han ido armonizando.

Financiar este esfuerzo ha requerido de un constante aumento del gasto en pensiones, fruto de la exigencia y esfuerzo de la sociedad española. Con un papel importante de los sindicatos presentando propuestas, movilizándose, negociando y firmando acuerdos sociales.

En este período se ha conseguido mantener el sistema público de seguridad social, contributivo, solidario y de reparto, a pesar de los muchos intentos de transformarlo en un sistema de capitalización individual, con la consiguiente pérdida de solidaridad. Se ha pasado de los 4 millones de pensionistas de 1978 a los cerca de 9 millones en la actualidad.

La intensidad y calidad de la cobertura ha aumentado considerablemente. En 1978 la pensión mínima significaba el 0,7% del salario mínimo interprofesional y en estos momentos supera el 1,2% del SMI. En relación al salario medio, la pensión mínima ha pasado de representar el 29% en 1981 hasta el 42% en la actualidad.

Las pensiones no contributivas también vinieron; son de un marcado carácter social y solidario (con la crisis económica se aprecia más su importancia y necesidad, aunque todavía suscita el rechazo de mucha gente que cree que tiene bridada su pensión porque es “mucho trabajador” y a él no le va a afectar los recortes). Estas prestaciones nacen en 1990, fruto de un acuerdo sindical con el que CCOO y UGT capitalizaron el éxito de la huelga general del 14 de junio de 1988.

La separación de fuentes de financiación, el aumento en la aportación fiscal y la creación del Fondo de Reserva tienen su origen en el acuerdo social de 1996, que la patronal rechazó porque pretendía utilizar el superávit puntual de aquellos momentos para reducir las cotizaciones empresariales.

El pacto de Toledo tenía sus luces y sus sombras, pero fue fruto de un acuerdo extenso que garantizaba el futuro del sistema de pensiones y garantizaba el IPC de cada año. La patronal no estuvo de acuerdo. Hoy día se critica por sectores minoritarios sindicales y colectivos antisindicales y es una de las cuestiones por lo que no existe unidad de acción entre los sindicatos mayoritario con los minoritarios y estos colectivos.

La puesta en marcha definitiva del Fondo de Reserva y el reconocimiento de la jubilación anticipada a los 61 años -que hasta entonces solo existía para los mutualistas que hubieran cotizado antes del 1 de enero del 1967- fueron fruto de otro acuerdo social, el del 2001, en este caso firmado en solitario por CCOO.

Algunos cambios benefician especialmente a las mujeres que son las más afectadas por la precarización del empleo. La mejora en el cómputo de las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial, forzado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luxemburgo. O la asimilación a períodos de cotización efectivos de algunos vacíos de cobertura, aunque se continúa discriminando a las empleadas del hogar. El aumento del 45% al 52% de la pensión de viudedad, establecido en el acuerdo social de 1996. Y después del 52% al 60% pactado en 2011 (aunque su aplicación haya sido congelada unilateralmente hasta el 2018).

También ha mejorado los complementos de las pensiones mínimas y se toparon aún más las pensiones máximas, que hoy se sitúan un 20% por debajo de las bases máximas de cotización. (por cierto, si se destopara y los grandes salarios cotizaran por lo que cobran, aumentaría considerablemente el dinero para pensiones.)

Cierto es que, en el marco de este ciclo largo de mejora de las prestaciones, también se han producido ciclos cortos, con reformas que han afectado al acceso a la protección social. Como el cambio en la edad ordinaria de jubilación, que se mantiene en los 65 años para quienes hayan cotizado 38,5 años, pero se eleva progresivamente hasta los 67 años (en el año 2027) para quienes hayan cotizado un período menor. Es el acuerdo que más se critica fuera de los sindicatos mayoritarios.

Se habla poco del contrato de relevo, que ha permitido en los últimos años miles de jubilaciones anticipadas con casi el 100% y sin apenas gasto para el Estado; eso también fue un acuerdo a iniciativa de los sindicatos.

La mayor ruptura en este recorrido de mejora la ha provocado la reforma del 2013, aprobada en solitario por el Gobierno Rajoy. Se derogó la garantía de revalorización de las pensiones en función del IPC que estaba vigente desde 1996 y se estableció el factor de “sostenibilidad”, por el que los pensionistas pasan a soportar el mayor coste que supone el aumento de la esperanza de vida. Aunque las movilizaciones sindicales y de pensionistas han propiciado que los PGE 2018 acuerden una revalorización del 1,6% y la suspensión de la aplicación del índice de sostenibilidad, la reforma unilateral del 2013 continua vigente.

Esta perspectiva histórica sirve para demostrar que, aun siendo importantes, los retos de futuro son asumibles y existen alternativas y márgenes económicos.

Para afrontar los retos necesitamos primero un diagnóstico honesto y no oportunista. Tan irresponsable es negar los riesgos de futuro de la Seguridad Social como afirmar que los problemas derivan de un exceso de gasto en pensiones.

El principal reto es el aumento de los ingresos, los contributivos que son su principal fuente de financiación, y especialmente la aportación fiscal del Estado. Existe margen para ello porque los ingresos fiscales de España están entre un 7% y el 8% del PIB por debajo de la media de la Unión Europea.

La corrupción institucional, donde se ha robado a manos llenas; la evasión de capitales, el fraude fiscal, sistemas de fiscalidad discriminatorios a favor de las grandes empresas y capitales, como las SICAV; la economía sumergida en España, (una de las mayores en la UE), el mal ejemplo de los políticos que se “brindan” sus pensiones mientras recortan la de la ciudadanía, y las “puertas giratorias” en la que los principales líderes han privatizado y vendido las empresas rentables públicas y se han colocado con nóminas en ellas… ¿Cómo quieren convencer al personal de que no hay dinero para pensiones y otras políticas sociales?