España, era un país atrasado hasta los años
sesenta del pasado siglo. Solo Cataluña y el País Vasco habían realizado la “revolución industrial” y tenían una
burguesía digna de ese nombre. Eso no quiere decir que algunas ciudades no
desarrollaran también cierta industria (Madrid, Zaragoza, Valencia…) y, sobre
todo, una burguesía urbana comercial más o menos progresista; así mismo, fueron
apareciendo durante el siglo XIX y principios del XX, clases medias de tipo
corporativo en torno a los funcionarios y cuerpos del estado o colegiales:
notarios, médicos, arquitectos,
ingenieros, profesores; jueces, militares y otros altos funcionarios,
sobre todo en Madrid pero también en las capitales provinciales.
A raíz de la desamortización de los bienes
eclesiásticos y comunales, se creó una clase terrateniente liberal o
conservadora pero rentista y vaga, o absentista, que queda más fino, pues la
mayoría vivía en la ciudad y veraneaba en el pueblo donde tenía sus tierras;
propició el conocido caciquismo rural, del último tercio del siglo XIX y el
primero del XX, que tan bien supo retratar don Joaquín Costa junto a la
oligarquía nacional a la que le era servil. La mayor parte de la población trabajadora
residía en poblaciones pequeñas en torno a la actividad agrícola o ganadera, a
veces de manera muy precaria, compuesta principalmente por medieros, colonos y
jornaleros y en menor medida por propietarios labradores, la mayoría
minifundistas.
La cosa empezó a cambiar a partir de 1960,
con el proceso de industrialización de los planes
de desarrollo del Régimen franquista. Se fueron creando multitud de
polígonos industriales como el de Cogullada, en Zaragoza. Muchas de las empresas
que se establecieron eran de capital extranjero, atraídas por las buenas
condiciones económicas, laborales, fiscales, etc., más o menos lo que pasa
ahora con los países emergentes, sin embargo el Régimen creó también una red de
empresas estratégicas y al calor de todo ello fueron apareciendo multitud de
pequeñas y medianas empresas españolas,
nuevos polígonos que fueron surgiendo por las principales ciudades
durante el último periodo del Franquismo y los primeros años de la Reforma
política.
En este segundo periodo se aprobó el Estatuto
de los Trabajadores, surgió con fuerza el movimiento sindical y mejoró la
negociación colectiva, alcanzando los trabajadores por cuenta ajena unas
condiciones económicas impensables en otras épocas; impensables, incluso, por
afiliados a los sindicatos de antes de
la última Guerra Civil. Sin embargo en condiciones de trabajo, seguridad e
higiene y demás dejaban bastante que desear si las comparamos con la media de
Europa, salvo en las grandes empresas, tanto públicas como privadas. También se
contaba con una banca pública fuerte.
Un aspecto muy negativo fue el abandono
masivo del mundo rural, al concentrarse la industria en las grandes ciudades y
en menor medida en las capitales provinciales pequeñas. En Madrid, Barcelona,
Tarragona, Valencia o las provincias vascas, la industrialización abarcaba
grandes extensiones del término provincial, creándose amplias áreas
metropolitanas o comarcas industriales. Un fenómeno propio de la era moderna,
este del abandono rural, que también se está dando en los países emergentes y
en los no desarrollados. Se incrementó la minería, especialmente en Asturias, y
la siderurgia e industria pesada. La industria manufacturera y de automoción
también se desarrolló en este periodo. Y mucho el turismo, con la hostelería,
en las zonas costeras.
La industria entro en declive a partir de
1980, al principio de manera imperceptible y luego más apreciable. Muchas
empresas manufactureras se iban
trasladando al extranjero bananero y tercermundista, donde las leyes y condiciones laborales, de
salud, medio ambiente o fiscales apenas existen. Sobrevino una gran crisis y
mucho paro que fue solventado pronto gracias, entre otras cosas, a la extensión
enorme de la construcción de vivienda que tapo la crisis industrial, cada vez
más galopante.
Las condiciones para “entrar en Europa” obligaron a privatizar o liquidar las empresas
públicas estratégicas, tanto la minería como las de industria pesada y las de
servicios, estas últimas muy rentables como Telefónica o Endesa que han pasado
a capital extranjero. Se subvencionó la agricultura y la ganadería pero, en
algunos casos, para hacerla improductiva
a favor de mercaderías extranjeras, costeando, la UE, el absentismo improductivo
de las tierras. Hoy somos un país dependiente del mercado exterior en la
mayoría de los productos agroalimentarios a pesar de que todavía tenemos una
buena industria agroalimentaria.
La pesca también entró en declive (aunque no
al nivel de la industria), en parte porque dejamos de ser un país colonial y
hemos pasado a ser un país de segundo orden en la “división internacional del
trabajo”. En parte, también, porque las prácticas depredadoras pesqueras,
de las que participamos, están esquilmando los caladeros. La solución no está
en nosotros mismos, pero la Unión Europea y las autoridades internacionales
deberían hacer algo si no queremos caer en una catástrofe alimentaria de graves
consecuencias.
Sin embargo hasta hace poco todo iba bien,
por seis motivos:
Primero, porque, la llamada
“burbuja inmobiliaria”, propiciada por los gobiernos de “Aznar”, produjo
una ingente cantidad de puestos de trabajo, directos en la construcción o
indirectos en otros sectores; por ejemplo en las actividades de suministros y
gremios anejos a la construcción.
Segundo, porque la dejadez en la agricultura, la desindustrialización, la deslocalización de empresas de manufacturas y la liberalización de mercado,
propiciadas tanto por los gobiernos de “Felipe González” como los de “Aznar”, favorecieron la entrada de productos elaborados
en el extranjero, malos y con pocas garantías de salud y calidad pero muy
baratos que hicieron, y hacen, la delicia del consumidor poco exigente y de
recursos bajos o medio-bajos.
Tercero, porque la gran
expansión de barrios urbanos que se dio en todas las ciudades, el tremendo
aumento del parque automovilístico y la derivación del transporte hacia la
carretera, favoreció el que miles de trabajadores en el desempleo pasaran a
autónomos del comercio, la hostelería, el taxi, camioneros, servicios de
carretera, talleres, etc., absorbiendo gran parte del paro, condición que no
puede darse en la actual crisis económica.
Cuarto, porque con mucho empleo, las actividades más penosas,
insalubres, peligrosas y las poco prestigiadas como el servicio doméstico,
chapuzas a domicilio y de ayuda a las familias, permanecieron en la economía
sumergida, a veces con personal extranjero, a bajo costo.
Quinto, porque se amplió y mejoro la cobertura del seguro del
paro y el subsidio del mismo. El seguro del paro y el Fondo de Garantía
Salarial de los empresarios, adquirieron en España un uso diferenciado de lo
que significa en otros países de nuestro entorno; se convirtieron, también y en
gran medida, en instrumento para las prejubilaciones o para financiar la
reconversión al trabajo autónomo de los trabajadores asalariados afectados por
la desindustrialización, que sirvieron de colchón para aminorar los problemas
y posibles estallidos sociales que al
principio de la desindustrialización fueron muy fuertes, pero luego fueron
encarrilados gracias a las indemnizaciones asumidas por el Estado y las prejubilaciones (que en realidad no son
prejubilaciones sino pago por desempleo inducido por las
administraciones públicas y las grandes empresas).
También se trapicheo alegalmente con el Paro y el
FOGASA para sanear las débiles contabilidades de las empresas medianas y
pequeñas, cada vez más descapitalizadas por la crisis industrial y por los altos
intereses de los bancos que penetraron de forma masiva y abusiva en las
entidades empresariales de la industria, hasta el punto de que estas están
endeudadas y dependen de las financieras totalmente.
Con paro masivo, como tenemos ahora, el
seguro de desempleo no va a poder utilizarse para estos cometidos aparentemente
contradictorios; además el seguro del paro se está desprestigiando desde todos
los medios de comunicación, pero fue muy eficaz en las pasadas crisis
industriales y laborales. Si se quita o se minimiza la cuantía del paro, el
tiempo de prestación y los subsidios a los parados de larga duración, la conflictividad aguda está garantizada, porque a muy
largo plazo vamos a seguir teniendo mucho desempleo, pero el de verdad.
Y
sexto, porque además,
también, el Estado moderno de las autonomías favoreció, en las últimas décadas,
una gran cantidad de empleados públicos (funcionarios o laborales).
Esto último no es malo en sí mismo; es muy
positivo, pues el Estado moderno y de servicios requiere de más personal pero,
siempre que esté equilibrado con el productivo. Ahora se están echando
trabajadores públicos, lo cual, al margen de lo que pensemos de su actividad
laboral y del burocratismo funcionarial, el paro sube y sube, y su reciclaje en
la empresa privada (no nos hagamos ilusiones), es imposible en la actual
coyuntura. Lo que es evidente, es que con treinta años cargándose, poco a poco, el sector productivo de la
economía, y con el paro que esto produce, los gastos del Estado no se pueden mantener. Hay que recortar. ¿pero de donde? Ahí van a entrar en conflicto los diferentes intereses, la sensibilidad de cada partido político y la ideología que ninguno decimos tener pero que todos tenemos. Esa va a ser, lo está siendo ya, la confrontación social a corto plazo.
Actualmente, nos encontramos con los
siguientes problemas:
-Desaparición fuerte de la
industria pesada y de la minería
-Deslocalización de la industria
manufacturera.
-desfavorable
balanza de pagos (del
las mayores del mundo, según
estadísticas objetivas) entre importación y exportación; también de productos
agroalimentarios, cuando éramos un país esencialmente productivo agrícola y
ganadero.
-Dependencia
tecnológica
y de patentes de todos los sectores industriales, incluidos el químico y el
farmacéutico, o de semillas que están en manos de las multinacionales
agroalimentarias.
-Dependencia
energética: gas,
carbón, petróleo y derivados. Un mal antiguo
pero que ahora se hace más patente.
-Desaparición, lenta pero
irreversible, del comercio minorista a favor de cadenas extranjeras, salvo
algunas pocas nacionales que se conocen porque se pueden contar con los dedos
de la mano.
-Mala
situación endémica
de la agricultura y de la ganadería, en decadencia desde mucho antes de la
crisis.
-Compra
por el capital extranjero de empresas de servicios estratégicas como las
aerolíneas, la electricidad, las telecomunicaciones, etc. Actualmente se está
vendiendo a trozos RENFE, también.
-No
poseer ya
una banca pública ni moneda propia.
-Asfixia
económica,
cada vez mayor, para pagar, el Estado, a entidades financieras extranjeras, los
intereses de la deuda de financiación a la banca privada española afectada por
la burbuja inmobiliaria y las hipotecas basura.
-Tolerancia
a la fuga
de capitales a paraísos fiscales, algo que, por otra parte, no es nuevo.
-Debido
a la crisis
de la banca y cajas, reconversión de la misma, con fuertes despidos.
-Debido
a los recortes
en las administraciones del Estado, despidos. Y más despidos también en la
sanidad y la enseñanza, que habían sido una fuente de empleos en los últimos
tiempos, con la consiguiente degradación de estos servicios para la mayoría de
la población que no pueda tener acceso a un buen colegio o pagarse un buen
seguro médico.
-Crisis
total
y paro generalizado en la construcción de viviendas que ya no volverá a los
índices exagerados que tenía aunque el conjunto de la construcción vuelva a la
normalidad.
-No
solución
de la economía sumergida y el trabajo negro, que incluso repunta a más debido a
la subida del IVA y a la incapacidad o impotencia de las administraciones
públicas para corregir este defecto.
-Quiebra
de la hacienda pública por los fuertes intereses de la deuda y la bajada de
cotizaciones debido al alto número de parados y la perdida de autónomos y
empresas cotizantes. También menor ingreso del IVA, a pesar de su subida,
debido a la caída del consumo.
A la hora de sacar este artículo, el Gobierno
ya está hablando de la oportunidad de tocar el “Fondo de pensiones” (se decía
que era intocable), para pagar no se sabe el que; esto significaría el
principio del fin de las pensiones.
La desindustrialización y deslocalización de empresas
podría ser la causa principal de la crisis en España. Pera mi es la más grave y
la de más difícil solución. Pero la crisis –dicen- es global y por otras
causas.
¿Puede ser por estas cosas u otras y lo de la
desindustrialización y la quiebra del sector productivo, en general, solamente
ser un pequeño defecto secundario e intrascendente? ¡He ahí la duda! El
tiempo nos lo dirá.
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