Comentario y artículo: La Gratificación Extraordinaria, llamada actualmente "paga extra" o paguica por los jubilados que cobran pensiones mínimas. .

Breve comentario sobre la “paga extra”  y un artículo de don Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Oviedo sobre el funcionariado. El artículo está en la línea y en consonancia con otros escritos sobre el tema de insignes personas, nada sospechosas de simpatizar con un modelo corporativo y burocrático del Estado, como el conocido Catedrático del Área de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, don Guillermo Fatás Cabeza y otros.

La Paga extra tuvo su origen durante el régimen Franquista. Para conmemorar la adhesión al 18 de julio, don Paco Franco estableció una gratificación extraordinaria a todos los trabajadores. En realidad, la Dictadura iba incorporando poco a poco algunas de las reivindicaciones obreras que se estaban consiguiendo en Europa, aunque siempre de manera peculiar y con exaltación propagandística del Régimen.

Con el tiempo y la negociación de los convenios colectivos, la paga extra se convirtió en un concepto más dentro de la nómina, en este caso en un concepto fijo, junto al sueldo base. Otros conceptos variables también se hicieron fijos; por ejemplo, la prima, en su mayor parte se establecía en torno al trabajo productivo de los operarios pero, el personal empleado de oficinas, almacenes, así como encargados, capataces, mantenimiento etc., la cobraban también pues, si no, se consideraban discriminados. Solo una pequeña parte de la prima o destajos era concepto variable por aquello de incentivar la producción entre los trabajadores de producción directa.

Actualmente la paga extra puede estar prorrateada entre los 12 meses, y si no lo está, para efectos contables y de Hacienda son como si estuvieran. En algunas empresas grandes y las administraciones se consiguieron más de dos pagas, o pagas extras con eufemismos como “paga de beneficios”, etc. Esto se hacía por derivar conceptos nuevos fuera del salario base, casi siempre con la complicidad o la iniciativa del empresario, pues el sueldo base tenía implicaciones más costosas para la empresa, con Hacienda, bajas y otras.

La paga extra se establecía sobre el “sueldo base” pero en las empresas más importantes se llegó a que fueran sobre el conjunto de los conceptos fijos de nómina.

En general, podemos decir que hoy la "GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA O PAGA EXTRA" no existe como tal, es una alusión engañosa para designar un concepto fijo de nómina, una división formal de la paga de la suma total del salario anual, que se suele reservar para dos o más fechas al año, en vez de hacerlo en 12, aunque es muy probable que en muchos convenios se pague la parte proporcional en los 12 meses del año.

Por ejemplo: cuando se calcula la pensión de los jubilados se divide lo que corresponde de esta según la base imponible, por 14, pero en algunos casos se hace por doce. ¿Quiere esto decir que si nos quitan una paga a los jubilados que cobramos 14, a los que cobran 12, no se la quitarán? No lo sé. El gobierno del Estado cobra 12 pagas al año y alguien le ha dicho que se tienen que quitar, los ministros, la parte proporcional, porque si no queda muy mal que le quiten la “extraordinaria” a un diputado, que cobra 14, y no a un ministro que se reparte el salario entre 12.

ARTÍCULO DE REFERENCIA:

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo.

El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.