España tuvo muchas y potentes empresas públicas que eran utilizadas para lograr determinados objetivos de política económica (facilitar el crédito, proveer distintos bienes y servicios, redistribuir la renta, etc.) al mismo tiempo que contribuían a incrementar los ingresos del sector público, pues buena parte de ellas registraban importantes beneficios.
Durante todo
el tiempo que va desde el siglo XIX hasta los primeros años de democracia tras
la dictadura, la tendencia política por parte de los distintos gobiernos fue la
de mantener y fortalecer el cuerpo empresarial público.
En 1996 llegó
el Partido Popular al gobierno el ejecutivo de Aznar diseñó un programa de
privatizaciones y estas se dispararon. Se vendieron total o parcialmente 76
empresas públicas que conllevaron la recaudación de 53.908 millones de euros
(constantes de 2015). Las empresas afectadas fueron Gas Natural, Aldeasa,
Aceralia (actualmente parte de Arcelor-Mittal), Tabacalera (parte de Imperial
Tobacco), Indra, Red Eléctrica, Iberia y AENA.
El Estado pasó
de tener 130 empresas públicas estatales participadas mayoritariamente y de
forma directa en 1985 a solo 16 en la actualidad. Y de 800 empresas en 1985 con
participación indirecta o minoritaria a tener solo 100. La participación del
Estado en el mercado bursátil pasó de ser el 16,64% en 1992 a representar
solamente el 0,34% en 1999.
Estamos
hablando de una dilapidación astronómica de patrimonio público que, aunque a
corto plazo generó mucha recaudación, a medio y largo plazo dejó al Estado sin
posibilidad de obtener nuevos ingresos (pues las empresas que se vendieron
fueron, lógicamente, las más rentables) y también sin herramientas para poder
llevar a cabo su política económica.
Esto último es
importante porque las empresas públicas vendidas operaban en sectores
profundamente estratégicos en términos económicos, políticos, productivos,
financieros, medioambientales y de movilidad: el 42% de las empresas vendidas
pertenecían al sector energético, el 17% a transportes, el 16% a
telecomunicaciones, el 13% a industria y el 8% al sector financiero.
Evidentemente, cualquier intento del Estado por influir en dichos sectores
estratégicos se encuentra hoy día mucho más limitado que entonces.
Pero, aunque
la Unión Europea haya estimulado y facilitado las privatizaciones, es
importante entender que los gobiernos españoles fueron mucho más allá que el
resto de los países. De hecho, España es el país de toda la Unión Europea que
menos empresas públicas tiene (medido en valor de mercado), y con diferencia, y
hoy sufrimos sus consecuencias: menos obtención de ingresos públicos y menos
control sobre sectores estratégicos.
Fuente de datos EUROESTAT
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