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Raúl Conde
El Mundo, 5 de octubre de 2019.
Natural de Soria, la geógrafa Mercedes Molina lleva
dos décadas investigando la hemorragia de habitantes que castiga al 53% de la
superficie española. Considera viable revertir la despoblación si se aborda no
como un reto demográfico sino como una crisis del territorio. A su juicio, hay
que vincular la solución a la insostenibilidad de las grandes ciudades a las
oportunidades que ofrecen las comarcas despobladas.
¿Cuándo saltará la despoblación a la primera línea de
la agenda política en España?
Ya forma parte de la agenda política, pero no sé si
con el compromiso que debiera. Todos los partidos deberían asumirla no como un
problema demográfico, sino como una crisis del territorio resultado de las
políticas públicas de las últimas décadas en España. Conocemos sus efectos
demográficos, como el envejecimiento, la masculinización y la caída de la
natalidad. Hay pueblos biológicamente muertos. Pero hay otros problemas de
carácter económico derivados de la competitividad territorial, como la carencia
de infraestructuras o de servicios en el medio rural. Se han perdido
actividades tradicionales, como el pastoreo o los resineros. Se ha perdido
población activa y talento juvenil. La falta de gestión forestal eleva el
riesgo de incendios y la pérdida de la actividad de ganadería extensiva
contribuye a matorralizar el monte. La despoblación es una consecuencia de un
crecimiento económico sustentado en un modelo de concentración territorial de
la inversión, del empleo y de la población que ha primado a las ciudades.
Frente a ello, se ha producido un abandono rural. Se ha innovado en la
producción agraria, pero no en el territorio.
¿Qué significa innovar en el territorio?
Adaptarlo a las nuevas exigencias de los procesos
económicos. Y eso pasa por articular unas infraestructuras ajustadas a estas
necesidades y por promover la accesibilidad tanto en el ámbito del transporte
como en telecomunicaciones. Si un territorio se queda aislado, pierde
competitividad para atraer inversiones. El acceso a los servicios públicos es
muy desigual según el territorio. Todo no puede estar en todos los sitios, pero
todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de los servicios públicos
básicos.
¿Despoblación es sinónimo de desigualdad?
Esta pregunta es clave. Para mí, la despoblación es
sinónimo de desigualdad. Es una consecuencia de una nueva realidad productiva y
de modelo territorial que ha determinado una fortísima emigración forzada. Esto
ha supuesto una merma demográfica que arrancó en la década de los 60 del siglo
XX. La gente se marchó del mundo rural porque no tenía oportunidades
de trabajo y porque la industria española de aquella época reclamaba una mano
de obra no cualificada, que se alimentó del éxodo rural. Paradójicamente,
cuanto más se innova en la producción agraria, en cuanto a maquinaria y demás,
más desciende la población activa en el campo. Hemos dejado al mundo rural en
unas producciones básicas, por ejemplo, el cereal, con escaso valor añadido. El
mapa que elaboró el profesor Antonio Serrano, catedrático de Urbanística y
Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro
de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (Fundicot),
demuestra que el sistema territorial español estaba sustentado en 1980 en el
eje Madrid-Barcelona. Después había unos
ejes intermedios: la costa mediterránea desde Valencia hasta Murcia,
Málaga-Sevilla, Vigo-La Coruña, Oviedo-Gijón, el País Vasco y Zaragoza como
factor dominante en el valle del Ebro. Lo que tenemos ahora es el mismo mapa,
pero reforzado. La brecha es más grande y seguimos en un modelo territorial de
concentración, lo que genera enormes desequilibrios.
¿La incapacidad del Estado para revertir este proceso
se debe a su inoperancia o la falta de voluntad política de todos los gobiernos?
En realidad, en lo que llevamos de democracia, el
Estado ha reforzado el modelo de concentración territorial. El problema deriva
de unas políticas multiescalares, de ahí que tanto el Gobierno central como las
comunidades autónomas hayan sido incapaces de frenar la despoblación. Las
autonomías han llevado a cabo actuaciones interesantes, pero muchas veces se
han hecho en las ciudades, no en el mundo rural. Las CCAA han fomentado la
cohesión de sus sistemas urbanos, pero no se ha producido una cohesión
urbano-rural. Es decir, parcialmente, el esquema de desequilibrio del Estado se
ha reproducido en las comunidades. La prueba es que el mundo rural sigue
perdiendo población. Castilla y León es un caso paradigmático: mientras
Valladolid va para arriba, el resto se hunde. El Estado de las autonomías ha
tenido muchos puntos positivos en España. Ha fomentado la cohesión a través del
reconocimiento de la diversidad. Soy una defensora de este modelo, pero en lo
que se refiere al modelo territorial no se ha producido un cambio
trascendental. Lo rural nunca se ha integrado en una verdadera política de
Estado, ni siquiera las pequeñas ciudades. El programa marco de la Unión
Europea entre 1994 y 1999 ya señaló con claridad que la España interior tenía
verdaderos problemas de población producto de desigualdades internas. En el 77%
de la superficie nacional se localizaba el 59% de la población. La UE
recomendaba invertir en estas áreas en tres niveles: infraestructuras, medio
ambiente y patrimonio.
¿Debería repensarse la provincia como sistema de
organización territorial?
El modelo provincial se remonta al que fijó Javier de
Burgos en 1833 y se ha mantenido inalterable hasta hoy. La ciudad se
consideraba un sistema de eficiencia económica, pero esto ha generado unas enormes
desigualdades. No hay equidad social en toda España. Y a ello hay que sumar los
problemas de calidad de vida. Los pueblos se asocian a una calidad de vida
medioambiental, y es cierto. Pero también hay que disponer de acceso a los
servicios públicos necesarios en el siglo XXI. Este modelo de desertización no
es sostenible. La metropolización empieza a tener externalidades negativas
importantes. La gran ciudad ya no es el paradigma de la eficiencia. Tiene
problemas de contaminación, de desacoplamientos con los recursos naturales, de
estrés, de congestión y de desigualdades. Los informes, desde Cáritas hasta
CCOO, señalan el riesgo de pobreza infantil en Madrid. Todo ello amplifica la brecha con el medio rural. En España tenemos más de 8.000
municipios. La atomización municipal es complicada. No soy partidaria de
fusionar municipios, sino de buscar alianzas. Hay que jerarquizar las
actuaciones, lo que pasa por no actuar en cada municipio sino buscar
estructuras territoriales integradas, que permitan cubrir los servicios. No
estoy hablando de eliminar las diputaciones provinciales, que sería un tema
diferente, ni tampoco de entender la comarca como un ente político sino como un
sistema productivo que, al igual que la ciudad, permita diversificar la economía.
¿La contaminación en Madrid se arregla mitigando el vaciamiento
de la España interior?
Nunca hablaré de un enfrentamiento rural-urbano, ni de
una oposición entre los sistemas metropolitanos y las pequeñas y medianas
ciudades. Prefiero hablar de una integración rural-urbana. Eso pasa por mejorar
la conectividad y el modelo territorial. Las grandes ciudades no pueden seguir
creciendo constantemente. Si queremos de verdad hacer una transición ecológica
seria y modificar el sistema productivo para paliar la contaminación y el abuso
de los recursos naturales, debemos fomentar un desarrollo económico que integre
al mundo rural. No puede ser que tengamos la segunda red de AVE más extensa del
mundo y que las conexiones locales y regionales sean cada vez peores. No puede
ser que no exista un mercado de la vivienda en el medio rural. Políticamente,
este proceso no puede encararse a través de divergencias ideológicas, sino como
un desafío de Estado unido a la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo
sostenible.
¿Qué pueden ofrecer las medianas y pequeñas ciudades
para equilibrar la brecha regional?
El alcalde de Soria, Carlos Martínez, acompañó a la ex
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a varios foros internacionales para
incardinar el desarrollo de las pequeñas y medianas ciudades con los retos que
tienen planteadas las metrópolis, como la polución o la movilidad. Los
territorios despoblados son territorios-problema, pero también
territorios-recurso. Creo en sus posibilidades. Están cambiando las demandas en
nuestra economía de mercado a raíz de la globalización. Le damos valor a la
naturaleza, a la gastronomía de proximidad y a las energías renovables. Lo
importante es tener claro que la variable de la rentabilidad para aplicar en
las inversiones en el medio rural es antigua. ¿Estamos midiendo la contribución
de Soria como sumidero de CO2 en sus bosques?
¿Cuál es la denominación adecuada para referirse a las
zonas despobladas?
No me gusta el concepto España vacía. Gracias a las
personas que habitan el medio rural, gracias a los custodios del territorio,
hemos sabido preservar los recursos naturales. Y siguen estando ahí.
¿Cómo describiría la geografía humana de la España
interior?
Es una sociedad escasa, pero diversificada. La
Política Agrícola Común (PAC) ha ayudado a mantener la dignidad del agricultor,
pero no ha logrado fijar población. Ahora estamos viendo también emprendedores
locales. Surgen negocios que permiten arraigar población. Las explotaciones de
vino en la Ribeira Sacra, en Orense, son un ejemplo paradigmático. En Soria, el
torrezno ha pasado de ser un alimento tradicional y pobre a una imagen de marca
que se exporta a todo el mundo. En el Alto Bernesga (León) se están
desarrollando proyectos para superar la crisis minera. En definitiva, en la
España interior hay mucha gente que quiere seguir viviendo ahí, que ven
posibilidades de futuro, que le gusta el mundo rural. Pero que reclama las
mismas condiciones de vida que tenemos los habitantes urbanos.
El Gobierno avanzó antes del 28-A los objetivos de la
Estrategia frente al Reto Demográfico. ¿Debería reactivarse la Ley de
Desarrollo Rural de 2007?
Sí, y debe enmarcarse en una política de Estado. Los
informes del reto demográfico no quedarán completos si no se reconocen los
problemas territoriales en las zonas despobladas. La ley de 2007 debe
actualizarse abordando la falta de vivienda, vinculando la repoblación a la
ordenación del territorio y movilizando el mercado de la tierra: hay poca
disponible. Y siguiendo las directrices europeas. En noviembre de 2017, el
Parlamento Europeo aprobó una estrategia que contempla que, con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder), pueden optar a fondos unidades
administrativas como las provincias, pero también agrupaciones locales con un
plan finalista.
Pedro Sánchez propuso en verano renunciar al modelo
radial de infraestructuras, que llega en respuesta a reivindicaciones como la
del tren de Extremadura, el retraso de la Autovía del Duero y el Corredor
Cantábrico-Mediterráneo. ¿Coinciden?
Por primera vez, un presidente del Gobierno, aunque
esté en funciones, asume que todas las vías de comunicación no tienen por qué
empezar y acabar en Madrid. Me parece muy importante porque significa reconocer
un concepto de territorio en malla, no radial. La estrategia de la UE de 1999
ya contemplaba esta prioridad. La primera medida, en materia de medio rural,
del presidente del Gobierno que salga del 10-N debería ser cambiar el modelo
territorial concibiéndolo como un reto de Estado.
Teruel Existe se va a presentar a las elecciones por
primera vez. ¿Cunde el 'modelo PNV'?
Algunas actuaciones en democracia han dado pie a creer
a muchos territorios que solo pueden ser escuchados si alcanzan una influencia
de poder. A mí eso me produce tristeza. El movimiento social debería ser
atendido por quien ostenta la responsabilidad política.
La CEOE de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel
proponen aplicar una fiscalidad diferenciada en las zonas despobladas. ¿Lo ve
factible?
Analicé el documento que elaboraron. ¿Cómo se puede
implementar una fiscalidad diferenciada en un territorio tan amplio? ¿Se
beneficiarían también grandes propietarios de fincas que ostentan posesiones en
el medio rural? En primer lugar, no se puede comparar con el régimen insular en
Canarias porque este sistema está ligado a las regiones ultraperiféricas,
recogidas en los tratados fundacionales de la UE como un elemento geopolítico
de peso. En segundo lugar, la zonificación plantearía un problema. Hay regiones
ricas, como Madrid, que tienen bolsas de despoblación en la sierra. ¿Qué
hacemos ahí? No comparto las políticas generalistas encaminadas a las rebajas
tributarias, pero sí aplicar bonificaciones fiscales vinculadas a la generación
de empleo y a la fijación de población.
¿Cómo analiza el papel de la mujer en el campo?
La masculinización del campo marginó a la mujer. Y aún
hoy padece un contexto cultural mucho más retraído que el del mundo urbano. El
contexto de dominación masculina es más acusado en estas áreas. A la falta de
visibilidad de suma la falta de voluntad para poner en práctica la Ley de
Titularidad Compartida para aflorar el verdadero peso de la mujer en las
labores agrícolas y ganaderas. A la mujer rural no se le ha reconocido el
papel invisible y duro que ha ejercido.
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