Comentario. Riesgo de crisis económica.

España está sufriendo una desaceleración económica importante, que se viene reflejando sin ir más lejos en nuestro ritmo de creación de empleo, que se ha ralentizado pese a que sigue siendo positivo.

Las causas aparecen relacionadas con factores geopolíticos como son la batalla comercial y arancelaria entre EE. UU. y China, así como los efectos previsibles de un Brexit “duro” y sus repercusiones.

Se está produciendo una intensa contracción del comercio internacional, como prueban la caída de las exportaciones en el conjunto de países del G-20 desde el primer trimestre del año, y que alcanzan el -3% al finalizar el segundo trimestre. Son por tanto las economías más orientadas a la exportación las primeras afectadas, y este trimestre Alemania (que representa el 21% del PIB de la UE, y en cuya economía las exportaciones representan el 47,4% del PIB) y Holanda (el 84% de su PIB lo conforma su formidable aparato exportador), entrarán en recesión técnica. Es obvio que, si esta situación se mantiene en el tiempo, el riesgo de que la recesión se extienda a otros países de la zona euro es alto, y entre ellos está España.

Nuestro país está capeando este momento con un mejor comportamiento macroeconómico que los de nuestro entorno, lo que no debe ocultar los serios problemas que mantenemos en tasas de paro, desigualdad y precariedad. Somos un país con menos capacidad de exportación y eso nos hace menos vulnerables al primer impacto de la ralentización del comercio mundial.

Nuestra demanda interna sustentada de forma primordial en los salarios, el empleo y las prestaciones sociales está siendo la principal explicación a que “nos vaya mejor” que a otros países desarrollados.

La masa salarial sube de forma ininterrumpida desde el último trimestre del año 2018, producto de la evolución de los convenios colectivos suscritos por los sindicatos; la subida de los salarios más bajos (subida del SMI que ha pasado en tres años de 655 a 900 euros mensuales e incorporación en varios convenios del salario mínimo de 14 mil euros anuales); los acuerdos en la función pública que han permitido recuperar una parte de los salarios arrebatados a más de tres millones de empleados/as públicas durante la crisis; o la revalorización de las pensiones que lo han hecho en base a la inflación y no al 0,25% de la reforma de pensiones del año 2013.

Sin embargo, no conviene engañarse. La persistencia de las incertidumbres, de mantenerse, acabará impactando a nuestra economía. Lo estamos viendo ya, puesto que mientras la masa salarial se incrementa desde hace varios trimestres, el consumo de las familias en bienes duraderos cae de forma notable. Se teme consumir y se prioriza ahorrar en un contexto de enorme precariedad laboral, rotación en la contratación y volviendo a ser el país de Europa con mayor tasa de temporalidad y la segunda de desempleo.