España está
sufriendo una desaceleración económica importante, que se viene reflejando sin
ir más lejos en nuestro ritmo de creación de empleo, que se ha ralentizado pese
a que sigue siendo positivo.
Las causas
aparecen relacionadas con factores geopolíticos como son la batalla comercial y
arancelaria entre EE. UU. y China, así como los efectos previsibles de un
Brexit “duro” y sus repercusiones.
Se está
produciendo una intensa contracción del comercio internacional, como prueban la
caída de las exportaciones en el conjunto de países del G-20 desde el primer
trimestre del año, y que alcanzan el -3% al finalizar el segundo trimestre. Son
por tanto las economías más orientadas a la exportación las primeras afectadas,
y este trimestre Alemania (que representa el 21% del PIB de la UE, y en cuya
economía las exportaciones representan el 47,4% del PIB) y Holanda (el 84% de
su PIB lo conforma su formidable aparato exportador), entrarán en recesión
técnica. Es obvio que, si esta situación se mantiene en el tiempo, el riesgo de
que la recesión se extienda a otros países de la zona euro es alto, y entre
ellos está España.
Nuestro país está
capeando este momento con un mejor comportamiento macroeconómico que los de
nuestro entorno, lo que no debe ocultar los serios problemas que mantenemos en
tasas de paro, desigualdad y precariedad. Somos un país con menos capacidad de
exportación y eso nos hace menos vulnerables al primer impacto de la
ralentización del comercio mundial.
Nuestra demanda
interna sustentada de forma primordial en los salarios, el empleo y las
prestaciones sociales está siendo la principal explicación a que “nos vaya
mejor” que a otros países desarrollados.
La masa salarial
sube de forma ininterrumpida desde el último trimestre del año 2018, producto
de la evolución de los convenios colectivos suscritos por los sindicatos; la
subida de los salarios más bajos (subida del SMI que ha pasado en tres años de
655 a 900 euros mensuales e incorporación en varios convenios del salario
mínimo de 14 mil euros anuales); los acuerdos en la función pública que han
permitido recuperar una parte de los salarios arrebatados a más de tres
millones de empleados/as públicas durante la crisis; o la revalorización de las
pensiones que lo han hecho en base a la inflación y no al 0,25% de la reforma
de pensiones del año 2013.
Sin embargo, no
conviene engañarse. La persistencia de las incertidumbres, de mantenerse,
acabará impactando a nuestra economía. Lo estamos viendo ya, puesto que
mientras la masa salarial se incrementa desde hace varios trimestres, el
consumo de las familias en bienes duraderos cae de forma notable. Se teme
consumir y se prioriza ahorrar en un contexto de enorme precariedad laboral,
rotación en la contratación y volviendo a ser el país de Europa con mayor tasa
de temporalidad y la segunda de desempleo.
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