Sigue habiendo indultos dados por el Gobierno (firmados por el Rey), como en la Edad Media.
El Tribunal Supremo parece que se ha cabreado, como es lógico, pues ¿para que queremos jueces y un Poder Judicial independiente si luego el Ejecutivo indulta a los condenados? Además no a todos, que sería igualdad; lo hace arbitrariamente sin ser árbitro.
El BOE de este miércoles recoge los primeros 11 indultos de 2017. Tres de ellos condenados por delitos contra la salud pública, uno por lesiones y los otros seis por prevaricación continuada. Se trata de los funcionarios y un exconcejal implicados en el caso horas extra del Ayuntamiento de Rota, por el que durante años se pagó a un funcionario, en forma de horas extra, en su nómina trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato, aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes.
La condena tiene doble vía: dieron un contrato a un funcionario -algo ilegal- y, además, lo hicieron vía horas extra, un método totalmente irregular. La pena se rebaja, para los que tienen condenas superiores de cárcel, a dos años. Así, si el juez así lo decide, podrán evitar la entrada en prisión. Los indultos cambian sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales, por lo que no perderán sus puestos ni su condición de funcionarios.
Ismael Puyana Román, exconcejal de Fiestas y Personal, pasa de una condena de cuatro años y medio de cárcel a una multa y dos años; y de nueve años y tres meses de inhabilitación a una suspensión temporal de seis meses, con lo que podrá volver a su puesto. Mismas condenas y mismo tratamiento para la funcionaria Manuela Serrano, José Manuel Caballero, director técnico del Ayuntamiento y Francisco Arjona, que era delegado de personal. Según la sentencia, ambos dieron su aprobación a estos métodos. Los tres fueron condenados, además de por prevaricación, por falsificar documentos oficiales.
Manuel García, el funcionario que realizó las tareas encargadas por el Ayuntamiento en su taller, pasa de sumar cinco años y nueve meses de inhabilitación a dos de suspensión. Su pena de cárcel ya era de dos años, por lo que se queda igual. Por último, Miguel Fuentes, el interventor, para el que la condena era de dos años y siete meses de inhabilitación, pasa a estar suspendido en su empleo un mes.
Estas gracias no las concede un tribunal superior de justicia sino un Ejecutivo. No me digan que esto es normal en una democracia.
Por cierto, ¿ya sabemos las cuentas de nuestro Ayuntamiento o habrá que llamar a la Vieja para que las cuente? ¿Se hacen las actas? ¿Tenemos o no tenemos secretario municipal?
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