Felipe II invadió militarmente Aragón en 1591 y Felipe III expulsó a los moriscos en 1610. Según los tópicos dominantes de la historiografía sobre Aragón, el primero acabó con las libertades del reino y el segundo hundió su economía. Sin embargo, Aragón de finales del siglo XVI era una porción ingobernable de la Monarquía Hispánica. Socialmente fracturado por una servidumbre extrema, reacio a la globalización y una élite parasitaria, la expulsión de los moriscos consumó el colapso de una economía de rentistas con mano de obra semiesclava.
Alejandro Abadía Irache es autor de Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI, 1994, y La enajenación de rentas señoriales en el Reino de Aragón, 1998, ambos publicados por la Institución “Fernando el Católico” de Zaragoza.
El decreto del marqués de Aitona
El decreto de expulsión de los moriscos
aragoneses de 29 de mayo de 1610, publicado por orden del virrey de Aragón
marqués de Aitona, se conserva en el Archivo de Protocolos de Zaragoza. El
notario Pedro Jerónimo de Torres acompañó al pregonero de la Real Audiencia por
los lugares públicos de la ciudad para dar fe de la publicación.
La orden de expulsión de los moriscos aragoneses, por "herejes, apóstatas
y proditores de lesa majestad divina y humana", había
sido cursada por Felipe III el día 17 de abril anterior. El decreto afectaba
nada menos que a 14.109 familias, 70.545 individuos según el censo del propio
virrey. Eran el 22 % de los 320.000 habitantes del reino. Concedía tres
días para la deportación.
Los moriscos y los señoríos modernos
Para empezar hay que decir que los moriscos aragoneses eran una minoría
autóctona. En Aragón, no hubo aporte étnico durante la dominación
musulmana. Durante el reinado de Pedro II (1196-1213), los ricoshombres o
barones que administraban en concesión feudal —"sub manu regis"—
los territorios conquistados decidieron generar un patrimonio propio para conservarlo
en la familia. Así lo describe Zurita en el Capítulo lxiv del Libro II
de los Anales. Es el origen de
los señoríos modernos, extensas explotaciones agropecuarias en las riberas del
Ebro y de sus afluentes, cultivadas por moriscos. Los moriscos tenían la
consideración de bienes raíces; estaban adscritos a la tierra de cultivo —gleba—.
Los barones
Según el fuero Del derecho de las dotes de
las Cortes de Monzón de 1533, las ocho casas principales del reino fueron Villahermosa,
Sástago, Aranda, Morata, Ricla-Camarasa, Híjar-Belchite,
Fuentes y Castro. En Aragón los barones se llamaban ricoshombres.
Su patrimonio era alodial, franco y libre y se transmitía íntegro en sus
descendientes sin ninguna subordinación. Desde las Cortes de Alagón de 1307,
por el Fuero De los testamentos de los nobles, caballeros e infanzones, e
institución de sus herederos, los barones pudieron heredar a uno solo de
los hijos para vincular la propiedad. No podían ser castigados
físicamente y ejercían la jurisdicción civil y criminal en sus dominios.
Disponían también de absoluta potestad, la facultad extrajudicial que
permitía matar y confiscar los bienes de sus siervos de forma arbitraria
—"ad libitum voluntatis"—. Los señoríos eran territorios exentos
del régimen foral y los barones, "reyezuelos".
El indigenismo de los oficios
En la Edad Moderna (ss. XVI y XVII), el Reino de
Aragón estuvo dividido en dos mitades, una del rey —realengo— y otra de los señores.
Estos últimos podían ser eclesiásticos o seculares. La nobleza laica —los
barones— reclamó el ejercicio de las altas magistraturas de los dominios del
rey. Se denomina indigenismo de los oficios al desempeño de los oficios
del reino por los naturales del país, especialmente la administración de
justicia. El fuero Que los oficiales de Aragón sean de Aragón, de las
Cortes de Zaragoza de 1300, incluyó al gobernador, el mayor oficio ordinario
del reino. Presidía la Corte de la Gobernación, antecedente de la Real
Audiencia. Los fueros sobre El oficio de canciller y vicecanciller del señor
rey, de las Cortes de Calatayud de 1461, atribuyeron a los aragoneses el
consejo y la cancillería del rey, las instancias judiciales superiores. Pedro
IV, por medio del fuero Que el regente el oficio de la gobernación sea
caballero simple de las Cortes de Zaragoza de 1348, impuso una condición decisiva.
El gobernador debía pertenecer a la baja nobleza —"milex simplex"—
para que respondiera de sus actos. La alta nobleza, inmune a los castigos
físicos, no respetaba las leyes. Los fueros Del oficio de Justicia de Aragón
aprobados en Ejea en 1265, considerados regulación originaria del oficio, prescribieron
lo mismo para el Justicia, por la misma razón.
Aragón en la Monarquía Hispánica
Las alteraciones en Aragón en las últimas
décadas del siglo XVI, en el reinado de Felipe II, ponen de manifiesto la
dificultad de articulación de un reino atrincherado en sus privilegios en una
monarquía global. Privilegio quiere decir resistencia a la ley —"privatio
legis"— o, lo que es lo mismo, a los principios de equidad
universal del derecho romano-canónico —"Ius Commune"—,
fundamento de la nueva monarquía. El Marqués de Pidal comienza el Libro
Segundo de su Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe
II aludiendo a la sucesión de Felipe II en aquella extensa monarquía con
dominios en Europa, Asia, África y América. Se pregunta por las causas de las
turbulencias que asolaron Aragón, uno de sus componentes más exiguos, al final
de su reinado. Propone como causa general el excesivo poder de la
nobleza.
El Pleito del Virrey Extranjero
Una de las confrontaciones más virulenta tuvo lugar
en torno a la naturaleza del virrey, que presidía el tribunal supremo
—la Real Audiencia—. El lugarteniente general o virrey había sido creado en las
Cortes de Zaragoza de 1367 por el fuero El señor rey no pueda nombrar un
lugarteniente suyo en Aragón sino en ciertos casos, pero nada decía de su
naturaleza. El virrey suplía las ausencias del rey y del primogénito en los
reinos de Aragón, Valencia y el Principado de Cataluña. Representaba la persona
del rey, era su alter ego. La dignidad virreinal siempre fue pretendida
por la alta nobleza. La demanda del rey ante la Corte del Justicia de Aragón en
febrero de 1588, solicitando reconocimiento estable de su derecho a nombrar un
virrey extranjero, desató el paroxismo en el reino. El duque de Villahermosa y
el conde de Aranda pretendieron sublevar la nobleza de título. Según Lupercio
Leonardo de Argensola, que dirigió la conspiración y redactó el manifiesto,
hasta las mujeres tomaron partido en el conflicto, “como si a ellas les
defraudaran la esperanza de ser virreyes”.
La guerra de montañeses y moriscos
Coincidió con la llamada “guerra de montañeses y
moriscos”. Los pastores trashumantes que invernaban en las estepas de la Ribera
y montañeses militarizados en la guerra civil de Ribagorza, junto con bandoleros
y bandidos de la peor ralea, camparon a sus anchas por todo el Reino de Aragón durante
la primavera y el verano de 1588. Sembraron el terror en las poblaciones
moriscas del sur de Huesca. El día 11 de abril expoliaron y arrasaron Codo, del
abad de Rueda. El día 22 asediaron Sástago. Y entre los días 24 y 28 de abril, una
horda próxima al millar tomó Pina de Ebro, del virrey conde de Sástago, odiado
por los regnícolas. Según el cronista Blasco de Lanuza, asesinaron hasta
700 moriscos, hombres, mujeres y niños. La tarde del 24, cuando los
montañeses irrumpieron en la villa, quemaron 60 personas refugiadas en una
casa. Los días siguientes fueron una orgía de sangre: despedazaban a las
madres, daban calabazadas a los niños de pecho contra las paredes, evisceraban
a los adultos o los reventaban desde el campanario de la iglesia. “Ningún
género de crueldad pudo imaginarse que no lo ejecutasen”, declara el también
cronista Jerónimo de Blancas. Los cadáveres se amontonaban en las calles
de Pina y la columna de humo de la parroquia se divisaba desde la Torre Nueva
de Zaragoza, a 30 km de distancia. También se despoblaron Nuez, Osera y
Villafranca. Y la amenaza se extendió a la ciudad de Zaragoza. Los montañeses y
bandidos estuvieron dirigidos por Lupercio Latrás, capitán de infantería en Sicilia
y Lisboa. Durante el verano, tomó la villa real de Ainsa y aterrorizó a su paso
a las Cinco Villas. Actuaba con absoluta impunidad.
Antonio Pérez
No
extrañará que Antonio Pérez, perseguido por Felipe II, decidiera
refugiarse en el Reino de Aragón, tierra de sus deudos, conocidos los límites
constitucionales de la monarquía, el hipergarantismo procesal del Justicia de
Aragón y la estanqueidad de los dominios de los barones. Lo demás también es
conocido. Zaragoza, la capital del reino, se amotinó los días 24
de mayo y 24 de septiembre de 1591 en defensa de Antonio Pérez y de los Fueros
y libertades del reino. De las sediciones resultaron la muerte del
marqués de Almenara, mandatario del rey, la puesta en fuga de la tropa del
gobernador y la liberación de Pérez mediante Manifestación fraudulenta, el privilegio
del reino equiparado al habeas corpus.
El posterior conato de resistencia
del Justicia de Aragón a la intervención del ejército real, al que quiso
sumarse la ciudad de Teruel, fue un rotundo fracaso. El Justicia fue decapitado
el 19 de diciembre de 1591 y el duque de Villahermosa y el conde de Aranda,
deportados.
Las Cortes de Tarazona de 1592 y la Unión y Concordia General
Las Cortes de Tarazona de 1592, tras las alteraciones,
abordaron la reforma necesaria de las leyes del reino. Para empezar, adoptaron
el sistema de mayoría; la unanimidad eternizaba las negociaciones en las Cortes.
Se
subsanaron deficiencias del sistema judicial como
las absoluciones por error de procedimiento, la falta de acusación en los
delitos atroces, las manifestaciones fraudulentas, etc.; y fue reforzada la
inviolabilidad de los jueces. El rey recuperó la designación de Justicia de
Aragón, patrimonializado por la familia Lanuza. Y se trajo a primer plano la impunidad
de los delincuentes. En Tarazona comenzó a ser negociada la Unión y
Concordia General, el desafuero aprobado en 1594 que permitió traspasar las
jurisdicciones de los barones para remitir y extraditar a los malhechores con
requerimiento del juez.
Las causas de la expulsión de los moriscos
La expulsión de los moriscos unos años después, en 1610,
produjo un auténtico cataclismo en Aragón. De España fueron expulsados 270.000
moriscos, pero sólo tenían peso específico en Valencia y Aragón. En Castilla no
superaban el 1,60 % de su población y en Cataluña, el 1,02 %. Lapeyre,
el historiador francés que recuperó en el Archivo de Simancas los
registros de embarque y de los pasos fronterizos, completa los datos del censo
del marqués de Aitona. De Aragón fueron registradas 60.818 expulsiones. La
mitad, 30.000, eran siervos de las casas principales del reino: 127 poblaciones
quedaron desiertas o semidesiertas.
La historiografía reciente considera que la decisión
de Felipe III fue un golpe de autoridad de la monarquía católica. Pretendía
recuperar el prestigio interno tras la severa humillación sufrida en la Tregua
de Amberes de 1609, que sancionó la independencia de las Provincias Unidas de
los Países Bajos y su presencia en América. Hipótesis más que razonable que
soslaya, sin embargo, la cuestión económica en Aragón y Valencia.
Las consecuencias económicas de la expulsión de los moriscos: los
censales de señorío
Según Boronat y Barrachina, en el libro Los moriscos españoles y su expulsión, el
patriarca San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, escribió a Felipe
III el 19 de diciembre de 1608 para advertir de la miseria y destrucción de las
ciudades, de las iglesias y monasterios, hospitales, cofradías, legados píos, y
de los caballeros y ciudadanos que vivían de las rentas señoriales. Todos ellos
se sustentaban del producto de los moriscos en forma de censales. Los
censales eran activos financieros, títulos de renta fija. Cada una de
las grandes casas y la generalidad de las menores tenían multitud de impositores,
algo así como los actuales accionistas o propietarios de bonos del estado. Se
llamaban censalistas y vivían de las pensiones anuales de dinero resultantes
de la producción campesina de los dominios señoriales.
A finales del siglo XVII, el reciente conde de
Sástago, apellidado Fernández de Córdoba, trataba de renegociar la deuda
con sus censalistas. La nobleza ya era trasnacional y los
descendientes de los antiguos linajes competían en interminables pleitos
sucesorios con otros apellidos. El nuevo conde describía el lastimoso estado
del condado: las iglesias, palacios y fundos estaban completamente degradados.
Se había perdido gran cantidad de tierra tributaria porque los diques que
contenían las avenidas del Ebro estaban derruidos. Él mismo había tenido que
reducirse “a vivir continuamente en la aldea entre sus vasallos” sin la
decencia que correspondía a su persona y casa y a la dignidad de conde de
Sástago. Los censalistas del condado apenas cobraban la quinta parte de
sus pensiones.
Según relación del notario que registró los
concursos de acreedores que siguieron a la expulsión de los moriscos, las casas
embargadas en Aragón por sus censalistas
fueron Aranda, Sástago, Fuentes, Pedrola, Ricla, Plasencia, Maella,
Aitona, Morata, Híjar y Quinto, las más grandes, y Santa Fe, Alfajarín,
Antillón, Rueda, Huerto, Maleján, Bureta, Malón, Vierlas, Religión de Sant
Juan, Bárboles, Estercuel, Albalate, Vinacet y Valcarca, Argavieso y El
Castellar. Después de la expulsión de los moriscos, la mayor parte de los
señoríos estuvieron administrados en concurso por sus acreedores censalistas
a lo largo de toda su historia.
Por cierto, según el censo del marqués de Aitona, de
Samper de Calanda fueron expulsadas 110 familias moriscas, 550 personas.
Vivían en la parroquia. Samper tributaba a la Bailía de Caspe, de la Religión
de San Juan de Jerusalén, que también fue embargada por sus acreedores. Aunque
la Iglesia Católica se vio afectada por su condición de rentista.
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