Pepa Navarro
Grupo
Energía y Medio Ambiente Movimiento Ciudadano Teruel Existe
Fuente: El periódico de Aragón. Pinchar aquí...
Resulta difícil encontrar un ejemplo más preocupante de desconexión institucional que el que está mostrando el Gobierno de Aragón ante la presunta trama de irregularidades ambientales y presunta corrupción vinculada a Forestalia, al Inaga y al Miteco.
Mientras los juzgados investigan posible manipulación de
informes, presiones a técnicos y declaraciones de impacto ambiental
presuntamente fraudulentas firmadas sin garantías técnicas, la administración
autonómica continúa tramitando los proyectos como si nada de esto hubiese
ocurrido. Como si las revelaciones conocidas durante los últimos meses fueran
un simple ruido mediático y no una gravísima advertencia sobre el mal
funcionamiento del sistema de control ambiental en Aragón, que, por cierto,
desde el Movimiento Ciudadano Teruel Existe llevamos más de cuatro años
denunciando públicamente. Y estos días, además, asistimos perplejos ante
anuncios de la empresa en cuestión investigada, diciendo poco menos que va a
terminar la faena, construyendo nuevos parques eólicos en Cariñena y Paniza. La
consumación. Viva el vino.
Lo de Aragón. Da para un programa de Évole. No se ha
anunciado una auditoría independiente. No se han revisado expedientes
sospechosos. Hay cientos. Muchos ya construidos. No se ha reforzado la
supervisión técnica. No existe ni siquiera un gesto político de prudencia
institucional. Sólo hay silencio. Lo que mal empezó con el cuatripartito,
parece que va a terminar peor aún: sin hacer absolutamente nada ante las graves
evidencias encima de la mesa.
La realidad es demoledora: aquí lo importante no es
esclarecer qué pudo fallar, sino evitar que se detenga la maquinaria
administrativa. Y eso es precisamente lo más alarmante. Al ritmo de anuncio de
nuevos centros de datos y planes de supuesto interés general para Aragón, se va
tapando todo lo demás. Centros de datos que, por cierto, no son ajenos a esto.
Se nutrirán de electricidad de estas instalaciones, autorizadas por
procedimientos supuestamente tramposos y fraudulentos, si, tal y como va la
historia, terminan construyéndose. «Liarse la manta a la cabeza», dice la
expresión coloquial. Resumiendo: que estas instalaciones encima van a hacer
falta, porque los centros de datos están ya en marcha. Todo atado y bien atado,
por si alguien tenía dudas
Porque si existen sospechas fundadas de que muchas,
muchísimas declaraciones de impacto ambiental pudieron tramitarse de forma
irregular -presuntamente favoreciendo intereses empresariales concretos- lo
mínimo exigible sería extremar los controles, actuar con cautela y revisar
procedimientos. No acelerar como si la investigación judicial fuese un asunto
ajeno.
La transición energética no puede convertirse en una coartada
para debilitar las garantías democráticas y ambientales. Al contrario: cuanto
más grandes son los proyectos, mayor debería ser la transparencia y más
estrictos los controles.
Sin embargo, Aragón parece haber elegido otro camino: mirar
hacia otro lado, esperar a que pase la tormenta y seguir firmando papeles. Y
Vox en el Gobierno de Aragón. Como si no hubiera pasado nada.

En algunas ocasiones a algunos se nos tilda de contrarios al progreso y esto no es cierto. Creemos en el progreso y en los beneficios de las actividades económicas que llegan a nuestro territorio. Una vez dicho esto también manifestamos que tenemos el máximo derecho a saber y conocer de estas actividades, de participar con conocimiento completo y hasta de decidir que queremos para nuestros territorios durante algunas décadas. Estos proyectos no pueden ser acordados en despachos con absoluta oscuridad, deben ser expuestos con luz y taquígrafos y que la sociedad se pronuncie. La propiedad es un concepto muy importante pero estos proyectos hipotecan mucho más que la propiedad privada de unos pocos. Sólo pedimos prudencia y equilibrio a esta vorágine que llega a nuestros territorios arrasando con todo, nada más.
ResponderEliminarHablo de un ecosistema empresarial que solo deja migajas en las arcas municipales, un ecosistema firmado por parque eólicos, solares, lineas de evacuación, subestaciones transformadoras, plantas de hidrógeno verde, plantas de biogás, troncales de hidrogeno verde de 2.600 km, centros de datos. Muchas de estas actividades declaradas de interés público o con sus famosos Pigas que las eximen de pagar la mayoría de impuestos. Actividades que van a cambiar el entorno, el paisaje y hasta nuestra forma de vida. Por lo tanto, como mínimo, tenemos derecho a tener toda la información que nos permita confirmar nuestra opinión...¿O acaso no tenemos derecho a saber y opinar?