El acuerdo será en torno a 10
puntos
A tenor de lo que ha trascendido de
las comparecencias de Banco de España, AIReF y agentes sociales, así como de la
intervención del ministro Escrivá, estos son los puntos sobre los que girará el
acuerdo de los partidos en el marco del Pacto de Toledo:
1. REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
En un principio existe consenso entre todos los partidos para aprobar la revalorización de las pensiones en función del IPC real. El quid del asunto es cómo hacerla compatible con los imprescindibles ajustes para embridar el déficit de la Seguridad Social y reforzar su sostenibilidad a largo plazo. El Gobierno se ha comprometido a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones a partir del 2021 y plantea revalorizar las mismas mediante un "marco estable".
2. SUBIDA DE LAS PENSIONES MÍNIMAS
Incremento hasta un umbral mínimo,
pero de forma equilibrada, para no desincentivar la cotización. En su
comparecencia, Escrivá se ha mostrado "de acuerdo" con el objetivo de
aumentar las pensiones mínimas, al ser "deseable" que haya "cierta
progresividad", como se justifica por distintos estudios.
3. SUBIDA DE LAS PENSIONES DE
VIUDEDAD
Subir las prestaciones de viudedad
que reciben los mayores de 65 años para quienes son su principal fuente de
ingresos; pero fijar una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de
la unidad familiar para los otros casos. Valorar que las mejoras en la base
reguladora se financien mediante transferencias del Estado.
4. CÓMPUTO DE LA VIDA LABORAL
Con la ley actual, a partir de 2022
se contarán las bases de cotización de los últimos 25 años para calcular la
base reguladora de la pensión de jubilación. Este año se aplica una transitoria
de 23 años y en 2021 se tendrán en cuenta 24 años. En la propuesta de la
Autoridad Fiscal también se mencionaba ampliar el periodo que se toma para
hacer el cálculo de la prestación. El Ministerio está analizando la posibilidad
de compensar las revalorizaciones a periodos como cinco años para así recoger
el impacto de los años de IPC negativo.
5. INCENTIVOS PARA JUBILARSE MÁS
TARDE
El objetivo es acercar la edad real
de jubilación real (no llega a los 63 años) a la edad legal (en 2020 la edad
ordinaria son 65 años y 10 meses para quienes tengan menos de 37 años
cotizados). En su análisis, Escrivá ha constatado un aumento de las
jubilaciones anticipadas, hasta el 16% del total en 2019, y una tendencia
creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas"
sobre la viabilidad".
En una comparativa internacional,
ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la
legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel
de cotizaciones es de una media del 35,4%, en la media.
El gasto en pensiones en España es
del 10,9%, frente a la media del 12,4% del resto de países, por lo que el punto
de partida no presenta "problemas de sostenibilidad". En todo caso,
ha instado a incentivar la demora en la jubilación, incrementando los
incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de
compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras
profesionales.
Según Escrivá, la jubilación
demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión
mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la
reducción de cotizaciones. La bonificación por la demora en la edad de
jubilación actualmente es del 3,2%.
6. LÍMITES A LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA
Por el contrario, el ministro
pretende reducir el número de jubilaciones anticipadas y para ello también ha
adelantado una revisión del sistema que se puso en marcha en 2011 para
penalizarlas. También estaba destinado a reducirlas, pero Escrivá ha constatado
que lo que ha hecho es todo lo contrario, incentivarlas.
En la actualidad, los trabajadores
con una base baja, la reducción de su pensión es del 8% por adelantar la
jubilación y para la base máxima la penalización es del 2%. "Algo que se
diseñó para desincentivar con el 8%, en un porcentaje muy alto se da en
pensiones muy inferiores, con lo que "no estamos desincentivando la
jubilación anticipada". "Creemos que hay que corregir [el sistema]
porque no está bien diseñado", ha dicho.
7. TRASPASO DE GASTOS PARA REDUCIR
EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Si no se implementan medidas, y
teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el
déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo
que Escrivá aboga por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos
devastadores" sobre la solvencia de las pensiones. En este sentido, ha
apuntado que la previsión de déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la
Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios
serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por la financiación de gastos
impropios, permitiría eliminar el déficit previsto.
Entre las partidas, ha citado la
parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305
millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planes (1.818
millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el
complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a
regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para
el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911
millones).
Esta vía de saneamiento fue uno de
los puntos abordados en las reuniones con el Banco de España y la AIReF, si
bien desde la Comisión aclaran que estas instituciones no buscaron orientar
posicionamientos políticos. Según estas fuentes, los organismos plantearon
diferentes escenarios y alertaron de la necesidad de adoptar medidas
adicionales, sin olvidar tampoco el déficit estructural del Estado, que además
se vería ahondado por este aumento de los gastos, cuestión en la que incidió en
su encuentro con los diputados el gobernador del Banco de España.
Así, Pablo Hernández de Cos
advirtió a los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo que pasar el
déficit de las pensiones al Presupuesto del Estado no es de por sí un arreglo
sostenible, máxime después del aumento de deuda pública que va a suponer el
impacto de la pandemia. También pidió que se tuviese en cuenta la equidad
intergeneracional de cualquier decisión que se tomase, ya que al tratarse de un
sistema de reparto los actuales trabajadores sufragan las prestaciones de los
jubilados.
Por su parte, según fuentes de la
Comisión, la nueva presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, respaldó el
informe de su predecesor (y hoy ministro titular de la Seguridad Social) que
abogaba por este traspaso para reordenar gastos y ajustar la estructura de la
Seguridad Social al pago de las pensiones. Parte de la propuesta de Escrivá
consistía en trasladar poco a poco el déficit de las pensiones de 2019 al
Presupuesto del Estado: unos 20.000 millones de euros.
Mientras, los sindicatos recuerdan
que "el Estado ha aprovechado el superávit para pagar gastos propios, pero
no ha aportado transferencias para compensar el déficit", por lo que
reclama "que la Seguridad Social no pague los gastos que no le corresponden,
unido a la necesidad de destopar las cotizaciones máximas y de acabar con las
bonificaciones a la contratación, lo que permitirían aunar 17.000 millones de
euros que reducirían la inmensa mayoría del déficit que presenta el
sistema".
8. LAS PREJUBILACIONES CON MÁS DE
40 AÑOS COTIZADOS
El Pacto de Toledo estudia levantar
las restricciones a las jubilaciones anticipadas en los casos en los que el
pensionista tenga cotizados 40 años o más. Se trata de una reivindicación de la
Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40), consistente en
eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones
anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.
El problema es que se aplicó un
coeficiente reductor máximo del 2% por trimestre, en los casos en los que se
acreditaba un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses. El siguiente
escalón se situó en el 1,875% por trimestre con un período de cotización igual
o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses; otro del 1,75%
por trimestre con una cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e
inferior a 44 años y 6 meses; y un mínimo del 1,625% con 44 años y 6 meses o
más cotizados. Es decir, que el diferencial de estos pensionistas con respecto
a otros que no se jubilaron anticipadamente iría del 1,6% al 2% por trimestre,
dependiendo del tiempo cotizado, lo que significa una pérdida de entre un 6,5%
y un 8% al año, respectivamente.
9. ESTRATEGIA POR TRAMOS PARA LOS
AUTÓNOMOS
Escrivá, ha avanzado que su
departamento y la Agencia Tributaria llevan meses trabajando para dar una
respuesta "relativamente inmediata" en el desarrollo de una
estrategia por tramos para lograr de forma "gradual" la cotización
por ingresos reales de los autónomos con un modelo "sostenible" en el
tiempo. Escrivá ha explicado que su departamento ha trabajado durante los
últimos meses con la AEAT y han concluido que es "posible" transitar
hacia la cotización de los autónomos por sus ingresos reales "de forma
gradual y con un modelo sostenible en el tiempo".
En este sentido, ha subrayado que
conviene que el modelo sea "fijo y permanente en el tiempo", si bien
ha matizado que hay "fórmulas" para hacerlo sin que se produzcan
distorsiones significativas ni a los autónomos ni a la gestión administrativa
de las cotizaciones. A este respecto, ha adelantado la implementación de una
estrategia por tramos que conllevará que un porcentaje elevado de autónomos vea
reducidas sus cotizaciones, mientras que otros tendrían que subirla, y ello de
forma "muy gradual y acompasada".
10. PLANES DE PENSIONES COLECTIVOS
Escrivá también ha explicado que su
departamento estudia la implementación de una política de incentivos para los
planes de pensiones colectivos en las empresas. Lo que técnicamente se conocen
como planes de empleo. Estos consisten en aportaciones pactadas,
habitualmente en la negociación colectiva, de las empresas a planes privados o
públicos de jubilación de sus trabajadores en plantilla. Algo bastante
extendido en el País Vasco, según ha explicado Escrivá, donde el 55% de los
trabajadores participan de algún programa de este tipo; frente al 31% de la
media española. Escrivá ha defendido la mayor rentabilidad que obtienen
actualmente este tipo de planes y ha cargado duramente contra los actuales
retornos de los planes de pensiones privados. Pues si los primeros han registrado
una rentabilidad media del 4% en los últimos 10 años, en los otros esta ha sido
del 2,8%.
El ministro se ha comprometido a
revisar el sistema actual de previsión complementaria, en línea con la
recomendación 16 del borrador de recomendaciones y con el encargo que ha
realizado la AIReF al Gobierno. En este sentido, Escrivá ha subrayado que “sin
cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario
impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable
que ahora mismo tienen los planes individuales”. Según ha señalado, “a través
de la negociación colectiva y de la creación de un fondo de pensiones abierto
en la administración, se podría extender la población cubierta y reducir los
costes de gestión”.
De esta manera, considera que el
sistema actual es "muy regresivo, muy caro, y no cumple con su objetivo
que es incentivar el ahorro", ha afirmado el ministro. En su opinión, la
rentabilidad de aproximadamente el 1% no supone un complemento real a las
pensiones medias y bajas, sino que solo beneficia a las rentas más altas que
suponen cerca del 70% de los usuarios de los planes de pensiones. "Pero no
solo los planes individuales tienen un coste de comisiones alto, sino que en
ocasiones son más altos que muchos fondos de inversión" y ha recordado que,
según sus datos, los menores de 40 años apenas llegan al 12% del total de
usuarios de este producto.
Fuente: AIRef (Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal) La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española
es un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno
español, a iniciativa de la Unión Europea y como desarrollo de un mandato
constitucional.
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