Los datos reales son demoledores: durante casi tres décadas de monopolio público de Renfe (1992-2021), la Alta Velocidad tuvo cero muertes por choques directos, con la dolorosa excepción de Angrois en 2013 en un tramo mal protegido.
Sin
embargo, desde que la Unión Europea impuso la "liberalización" para
meter a empresas privadas como Iryo u Ouigo a competir por el beneficio, la
seguridad se ha ido a pique y el contador de víctimas se ha disparado. El kit
de la cuestión es que se pone el dinero por delante de las personas. El camino
que preparó Rajoy lo ha culminado Pedro Sánchez, porque al capitalismo no le
importan las siglas de los partidos.
Cuando
el mantenimiento de las vías se desguaza y se subcontrata a grandes
multinacionales para recortar costes, el desastre está garantizado. Culpar
ahora a un maquinista o a un controlador de "error humano" es una
canallada del Gobierno para tapar sus vergüenzas.
Los
trabajadores solo fallan cuando las condiciones materiales son insostenibles y
se les presiona para no parar el negocio.
Pedir
dimisiones en el Congreso no arregla nada. La única solución humana es expulsar
a las empresas privadas, reunificar el sistema ferroviario y dejar la seguridad
en manos de los comités de trabajadores.
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