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| Plenario de la Conferencia E. |
…encaminado a dar un paso más en sus relaciones, enmarcadas actualmente en los acuerdos firmados por ambas partes el 3 de enero de 1979, cuatro días después de la entrada en vigor de la Constitución Española y sustituyendo el llamado Concordato de 1953, rubricado en pleno franquismo.
La Constitución establece la aconfesionalidad del Estado (que no sabemos muy bien en que se diferencia eso de la laicidad, aunque haya quien se empeña en que son términos diferentes) y dispone que "los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Es decir, establece la libertad religiosa y el derecho a no profesar ninguna como establece la Declaración de los Derechos Humanos que España tiene suscritos.
El acuerdo contempla la renuncia por la
Iglesia a la exención del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras) y de las contribuciones especiales. En su conjunto, podría suponer unos
16 millones de euros anuales. La situación de privilegio actual desaparece. Más
importante que la cuantía en juego es la filosofía que ha inspirado este
acuerdo, que no es otra que la de otorgar a la Iglesia “el mismo trato que a
todas las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio
y no discriminación”,
El acuerdo contiene serios
anacronismos. Así, junto los asuntos jurídicos, sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales y sobre Asuntos Económicos, que se reforman, se mantienen la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y
religiosos. Sigue igualmente pendiente el pago del IBI aunque el Gobierno no es
beligerante en este punto porque tampoco lo efectúan las entidades sin ánimo de
lucro debido a la Ley de Mecenazgo de 2002.
En la actualidad, las
conversaciones entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno versan sobre las
inmatriculaciones abusivas en el registro de los bienes inmuebles de la Iglesia
y la fiscalidad y la gestión del patrimonio de la Obra Pía de Roma, singular
entidad española de derecho privado gestionada por la Embajada de España ante
la Santa Sede. Además, hace falta perfeccionar los convenios en materias
sensibles, como educación y conservación del patrimonio cultural; la Iglesia se
le mantiene y reforma el patrimonio y es dueña absoluta de ese patrimonio,
incluso cobra por visitar las iglesias en las que el Estado gasta miles de
millones del presupuesto.
No creo que, de esto, por los datos
que tengo, se haya acordado nada, aunque habría que leerlo bien.
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